ZARAGOZA, 27 de septiembre. La situación en el sector de protección y reforma en Aragón se torna tensa tras el anuncio de los sindicatos CGT, UGT y CCOO sobre la ruptura de las negociaciones del convenio autonómico. Esta situación afecta a cerca de 600 profesionales que trabajan en centros de menores y recursos residenciales, quienes manifiestan su frustración ante la falta de compromiso de las empresas del sector.

Las principales organizaciones patronales en la región, entre ellas la Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles y YMCA, han sido acusadas de mostrar un “desinterés absoluto” durante el proceso de negociación. Además, entidades como Kairós y Fundación Ozanam han sido criticadas por no participar en ninguna organización patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y emplear a un número considerable de trabajadores.

En junio, se había establecido un calendario de negociación en el contexto de una mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en el que se acordó avanzar en cuestiones de salarios y jornada laboral. Sin embargo, el último comportamiento de las patronales, evidenciado el 24 de septiembre, ha llevado a los sindicatos a considerar que dicho calendario ha quedado sin efecto, constituyendo un cumplimiento inadmisible de los acuerdos previos.

El portavoz de CGT, Héctor García, expresó su descontento, afirmando que “las patronales han dejado claro que no están interesadas en negociar. Quieren mantener nuestras condiciones laborales precarias mientras sus beneficios aumentan cada año. Esta huelga es la respuesta a su desprecio hacia los trabajadores del sector”.

Por su parte, Angélica Mazo de UGT añadió que “hemos presentado varias propuestas razonables durante meses: reducción de la jornada laboral, equiparación salarial con el personal del sector público y permisos para facilitar la conciliación familiar y laboral. La negativa constante de las empresas, junto con la inacción de la Administración, nos conduce inevitablemente hacia el conflicto”.

La situación se vuelve aún más preocupante dado que Aragón se está preparando para recibir menores migrantes de Canarias, con 250 plazas ya asignadas y una posible ampliación de otras 50 a 60. La falta de progreso en las negociaciones amenaza la posibilidad de contratar educadores sociales y otros perfiles necesarios, lo que podría resultar en que los menores no reciban la atención adecuada, como advirtió Jesús Esteban de CCOO.

Finalmente, los sindicatos han responsabilizado a la Administración autonómica por esta falta de atención, acusándola de no garantizar condiciones de trabajo dignas para los profesionales del sector. De esta forma, tanto los trabajadores como los menores se ven sumidos en un estado de precariedad e incertidumbre que requiere una pronta solución.