En la ciudad de Zaragoza, el escenario político se calienta tras la reciente presentación de 19 enmiendas por parte de Izquierda Unida Aragón a una reforma del Código Foral que busca priorizar la custodia compartida en casos de separación. La propuesta se encuentra en el centro de un debate apasionado sobre la mejor manera de garantizar el bienestar de los menores involucrados.

Desde Izquierda Unida Aragón, se ha manifestado una clara oposición hacia esta modificación, argumentando que carece de justificación y que podría poner en riesgo la protección de los derechos de los niños y niñas. El portavoz del partido, Álvaro Sanz, ha señalado la peligrosidad de lo que consideran una falacia en la comprensión de la igualdad, advirtiendo que “confundir igualdad con equidad puede llevar a resultados indeseables”.

El partido también ha enfatizado que, contrariamente a la percepción de necesidad, la custodia compartida ya está siendo ampliamente utilizada en Aragón. Sanz ha subrayado que establecer una preferencia automática podría socavar el principio del interés superior del menor y cuestionar la capacidad del sistema judicial para evaluar cada situación de manera individualizada.

Izquierda Unida no solo critica la modificación propuesta, sino que también sugiere la revocación del artículo básico de la reforma y el retorno a un enfoque consensuado que incluya no solo la custodia sino también la convivencia de todos los hijos, sin excluir a aquellos que han alcanzado la mayoría de edad.

Además, Sanz ha señalado la urgencia de eliminar la preferencia por un tipo de custodia y de considerar el grado de corresponsabilidad que demuestra cada progenitor, lo cual es esencial para la estabilidad emocional de los niños. La evaluación de la relación entre padres e hijos cobra especial relevancia en este contexto.

Entre las enmiendas presentadas, se destaca la preocupación por la necesidad de asegurar que la custodia compartida no impacte negativamente en el bienestar material de los menores. En este sentido, la propuesta incluye la necesidad de establecer pensiones alimenticias adecuadas a la capacidad económica de cada padre o madre, buscando que ambos hogares ofrezcan condiciones similares para los niños.

“Es inaceptable que la motivación detrás de una solicitud de custodia compartida sea puramente económica. De hecho, el 80% de las peticiones se retiran cuando se menciona una pensión alimenticia”, ha enfatizado Sanz, poniendo de manifiesto el riesgo de que se utilice la custodia compartida como un mero recurso financiero.

Finalmente, Izquierda Unida ha subrayado la importancia de proteger a los menores en situaciones de separación no consensuada, haciendo hincapié en que deben evitarse ambientes conflictivos o potencialmente violentos. “No podemos permitir que se establezca una norma que comprometa la seguridad de los niños. Cada caso merece un análisis detallado y libre de prejuicios para asegurar que su bienestar sea la prioridad”, concluyó el portavoz del partido.