Madrid, 27 de abril. Este lunes, 28 de abril, el Gobierno de España se reunirá con representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, centrando el debate en el polémico asunto del reparto de menores migrantes no acompañados. Las comunidades de Madrid y Aragón han manifestado su oposición a esta convocatoria, lo que añade más tensión a un tema ya de por sí delicado.

La reunión, que comenzará a las 16:00 horas y que será presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se llevará a cabo en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según fuentes ministeriales que han hablado con Europa Press.

Este encuentro tiene lugar tras la reciente aprobación en el Congreso del real decreto-ley que busca garantizar una acogida adecuada para los menores en situación de desamparo, especialmente aquellos que se encuentran en Canarias y Ceuta.

El 10 de abril, el Congreso dio luz verde al decreto que establece la distribución de estos menores entre diferentes comunidades autónomas. La votación resultó en 179 votos a favor, todos ellos del PSOE y sus aliados, mientras que 170 legisladores, principalmente del PP y Vox, se opusieron. Solo hubo una abstención, de UPN. Esta iniciativa surgió de un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, implicando alteraciones en la Ley de Extranjería que delinean cómo debería llevarse a cabo la distribución de estos menores a nivel regional.

A la hora de abordar el tema, la mayoría de las autonomías regidas por el PP han expresado su descontento con el plan gubernamental, alegando que interfieren en sus competencias. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, mostró su desacuerdo el 25 de abril, enviando una carta a la ministra pidiendo la cancelación de la conferencia, argumentando que son las propias comunidades quienes deben garantizar la protección de los derechos de los menores.

En un movimiento aún más radical, el Gobierno de Aragón ha decidido recurrir a la vía judicial para impugnar la convocatoria de esta conferencia sectorial. La administración aragonesa considera que el plan de reparto favorece injustamente a Cataluña.

Este nuevo recurso contencioso-administrativo se suma a otro previamente presentado, en el que Aragón ya había cuestionado la solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia por la que se exigían datos sobre la ocupación de los centros de menores en la comunidad. A través de dicho recurso, Aragón solicitó también una suspensión cautelar de esta petición, que consideran infringe sus derechos autonómicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó a Aragón el pasado viernes que la Abogacía del Estado había pedido la inadmisión del recurso presentado, lo que generó protestas entre los lideres aragoneses que ven este movimiento como un límite a su autonomía. Se les ha concedido un plazo de diez días para presentar alegaciones ante este requerimiento estatal.

Los representantes del Gobierno aragonés están trabajando para llevar este asunto al Tribunal Constitucional. Consideran que el decreto no solo carece de legitimidad constitucional, sino que también invade sus competencias y atenta contra la igualdad de todas las comunidades autónomas, lo que consideran un claro ejemplo de la sumisión del actual Gobierno español a sus socios independentistas.

Es relevante recordar que en julio del año pasado, el Congreso había mencionado la propuesta de ley del PSOE, Sumar y CC para llevar a cabo este tipo de reparto, que fue rechazada por PP, Vox y Junts. Desde ese entonces, el Gobierno ha estado buscando soluciones para las comunidades con una alta concentración de menores migrantes.

La Comisión Interministerial de Inmigración, por su parte, anunció el 8 de abril la creación de un grupo de trabajo destinado a coordinar el reparto entre comunidades autónomas.

El decreto modifica la Ley de Extranjería, añadiendo nuevos puntos que aclaran el funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y estableciendo criterios específicos para la distribución de los menores. Este nuevo marco legislativo busca establecer procedimientos claros sobre cómo realizar el registro de los menores no acompañados y los plazos de traslado en caso de que una comunidad se encuentre en situación de contingencia migratoria.