ZARAGOZA, 18 de julio. En un despliegue de colaboración interdepartamental, los representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano (Urbanismo) y Marian Orós (Políticas Sociales), han respaldado la reciente acción ejecutiva en relación con los desalojos de tres inmuebles ubicados en Pignatelli y Zamoray. Los concejales han enfatizado que esta operación se realizó bajo los estándares establecidos por la anterior administración de ZeC, asegurando así un enfoque metódico y bien estructurado.

Este viernes, un equipo compuesto por Servicios Sociales, Urbanismo, la Policía Local y los Bomberos de Zaragoza llevó a cabo desalojos preventivos en tres edificaciones consideradas en riesgo. Esta decisión se tomó después de que una inspección reciente revelara daños estructurales significativos, que obligan a declarar los edificios en un estado de ruina inminente.

El desalojo afecta a 22 personas, entre las cuales destacan ocho menores. La consejera Orós ha indicado que la mayoría de los afectados ha decidido recurrir a la red familiar para encontrar alojamiento, aunque tres de ellos han optado por los recursos proporcionados por Servicios Sociales, como albergues y hostales temporales.

Durante la rueda de prensa, Serrano subrayó que la prioridad del Ayuntamiento es la seguridad de los ciudadanos y el apoyo a aquellos en situación vulnerable, destacando la importancia de una acción conjunta entre las distintas áreas del gobierno municipal.

Con el fin de salvaguardar la integridad de los inmuebles, la administración municipal procederá a sellar los accesos y reforzar las estructuras. La semana próxima, se coordinará con las fuerzas de seguridad y los servicios sociales para permitir que los inquilinos recuperen sus pertenencias antes de la posterior demolición de los edificios.

Orós recordó que estas medidas son parte del Plan Especial de Inspección de Pignatelli, sugiriendo que si anteriormente se hubieran implementado acciones similares, se podría haber evitado llegar a estas complicadas circunstancias. Se mostró sorprendida ante las críticas de la oposición, reafirmando que el protocolo que están siguiendo fue originalmente elaborado por ZeC y que se están haciendo esfuerzos para mejorar las prácticas actuales.

El procedimiento, según explicó, incluye la verificación del empadronamiento de los residentes y la identificación de aquellos con expedientes abiertos en Servicios Sociales. En función de esta información, se les brindan soluciones habitacionales que pueden incluir pisos municipales, recursos que hasta mayo ofrecían refugio a un centenar de personas desalojadas.

Además, se realiza un seguimiento continuo de las circunstancias de los afectados, adaptando las intervenciones a medio plazo según sus necesidades. En los casos donde no hay un registro de residencia, se implementa un proceso de verificación in situ, como sucedió con cinco viviendas deshabitadas en estas edificaciones en particular.

Orós detalló que un equipo compuesto por Bomberos, Policía Local e inspectores de Urbanismo y Servicios Sociales se encontraba presente en el operativo de hoy para verificar la situación de los inmuebles vacíos y asegurarse de que no hubiera ocupantes en el momento de la intervención.