ZARAGOZA, 11 de septiembre. En una reciente sesión en las Cortes de Aragón, los representantes del partido Vox no lograron avanzar en su propuesta de reforma del Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales (IMAR). Esta iniciativa fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, dejando a Vox sin apoyo en esta materia. La proposición planteaba una serie de reducciones y exenciones en el impuesto para ciertos sectores de la población aragonesa.

Carmen Rouco, diputada de Vox, fue la encargada de defender la ley, argumentando que el actual sistema tarifario se considera "confiscatorio e injusto" para distintos grupos, como familias que enfrentan la ocupación ilegal, agricultores, ganaderos, personas solas y propietarios de viviendas secundarias. Hizo un llamado urgente a revisar un tributo que, en su opinión, penaliza a quienes por su estilo de vida tienen un mayor consumo de agua.

La parlamentaria destacó la indignación suscitada por el anterior impuesto conocido como ICA, que generó críticas generalizadas, y subrayó que el IMAR persiste en la controversia. Rouco también mencionó que en otras comunidades no existen impuestos semejantes y que los aragoneses enfrentan hasta cinco cargas fiscales relacionadas con el medio ambiente, lo que ha llevado a que la cuota fija del IMAR figure entre las más altas de España.

Asimismo, Rouco solicitó mayores exenciones para los agricultores y aquellos con huertos, independientemente de si el agua proviene o no de una red urbana. Insistió en que las críticas hacia la carga fiscal en las zonas rurales de Zaragoza son válidas, apuntando que la cifra total de impuestos podría alcanzar los 541.000 euros.

El apoyo para esta propuesta no llegó desde ningún partido, incluido el PP, cuya diputada Susana Cobos aseguró que la reforma del impuesto es un asunto en agenda y que es el Instituto Aragonés del Agua el que se ocupa del tema, aunque no en los términos propuestos por Vox, que considera poco realistas. Cobos planteó que algunas afirmaciones de Vox son inexactas y que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desmentido varios de sus argumentos.

Desde el PSOE, Óscar Galeano defendió el IMAR como una medida necesaria para internalizar la regulación del agua y señalando que se basa en el principio de "quien contamina, paga". Aludió al éxito en términos de gestión y recaudación, añadiendo que la propuesta de Vox debería considerar el impacto de la reducción de ingresos fiscales que implicaría.

Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, criticó a Vox por su manifiesta oposición a los impuestos, sugiriendo que su propuesta podría llevar a un uso inadecuado del agua. Soro instó a la responsabilidad ambiental, subrayando que la confusión entre impuestos y tasas podría tener consecuencias negativas para el gasto hídrico.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, expuso su desconcierto ante la propuesta de Vox, recordando que los residentes de Teruel ya enfrentan una carga fiscal para financiar depuradoras. Rechazó los planteamientos de la propuesta, considerándolos sesgados y poco realistas.

En el Grupo Mixto, Álvaro Sanz de IU se pronunció en contra del IMAR, sugiriendo que las intenciones de Vox son una tentativa de ajustar el discurso del PP a un enfoque retrógrado. Andoni Corrales de Podemos descalificó la propuesta como una reminiscencia de posturas negacionistas respecto al cambio climático, mientras que Alberto Izquierdo del PAR cuestionó la falta de atención a la desigualdad en las contribuciones fiscales dentro de la comunidad, sugiriendo que es inapropiado que los ciudadanos de diferentes localidades paguen tarifas tan dispares.