Beltrán critica a Aragón por su falta de acción ante la situación de los menores migrantes: "No se puede ignorar el problema".

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha expresado su inquietud por la actual discordia entre el Gobierno central y el autonómico, centrándose en la polémica acerca de los menores migrantes no acompañados. En sus declaraciones, señaló que el Ministerio siempre ha estado dispuesto a discutir costes y facilitar traslados, siempre y cuando haya una clara "voluntad política" por parte del Ejecutivo regional, que a su juicio ha optado por ignorar el problema en lugar de abordarlo directamente.
Durante una rueda de prensa, Beltrán hizo referencia al informe presentado por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que indica que Aragón ha acogido a un total de 494 menores no acompañados en lo que va de 2024. Esto coincide con un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó las solicitudes del Gobierno aragonés para suspender la remisión de datos relacionados con la protección de estos menores.
El delegado calificó como "lamentable" la decisión del Gobierno autonómico de priorizar intereses partidistas sobre los del bienestar infantil, considerando que esta lucha política obstaculiza los esfuerzos por buscar soluciones adecuadas para los menores en situación vulnerable.
En un contexto más amplio, Beltrán informó que en todo el país hay aproximadamente 14,000 menores extranjeros no acompañados que requieren asistencia, siendo las Islas Canarias la región más afectada con unos 5,800 jóvenes, y otras comunidades como Andalucía y Cataluña que también enfrentan cifras significativas de casos a atender.
En cuanto a la situación en Aragón, el delegado destacó que, a finales de diciembre, la ocupación de las plazas designadas para estos menores alcanzó un preocupante 207.69%, dado que se superan ampliamente las 104 plazas estructurales disponibles. Este dato pone de manifiesto la presión constante a la que se enfrenta la comunidad en este ámbito.
Beltrán subrayó que, según las regulaciones del Gobierno central, Aragón debería atender a cerca de 430 menores por cada 100,000 habitantes, lo que plantea una cuestión de recursos y planificación eficiente. Además, corrigió que hay otros grupos de menores que también están bajo la atención del Gobierno aragonés y que presentan diferentes situaciones, incluyendo problemas familiares o sociales.
El delegado enfatizó que ante crisis como las relacionadas con la migración, el gobierno autonómico no puede cerrar los ojos y debe afrontar la realidad. Reconoció que la migración es un fenómeno global que afecta diversas regiones del mundo, y en el caso de España, la cercanía con África aumenta la presión en las costas, especialmente en las Islas Canarias, que se han convertido en un punto de llegada para numerosos migrantes.
A pesar de la complejidad del fenómeno migratorio, Beltrán robusteció su rechazo a propuestas de Vox que sugieren desatender las necesidades de los migrantes o devolverlos al mar, afirmando que esos enfoques son poco viables y no son el camino que España debería seguir para abordar esta situación de manera efectiva.
El delegado también hizo hincapié en que la postura del Gobierno de Aragón en esta cuestión puede estar facilitando una futura negociación con Vox, a pesar de que aún no se ha logrado acordar los presupuestos para el año siguiente. Resaltó que siempre parece necesario ofrecer concesiones para ganar el apoyo de dicho partido, lo que define como "dar caramelos".
Finalmente, Beltrán mencionó la llegada de trabajadores chinos a la gigafactoría de Stellantis y CATL, destacando que no habrá inconvenientes para atender sus necesidades, lo que contrasta con la falta de atención hacia la situación de los menores migrantes, y concluyó que la comunidad está en condiciones de superar desafíos significativos si existe un compromiso político claro para actuar.
El delegado recordó que la falta de acción por parte del Gobierno autonómico ha requerido intervención judicial para obligar la transparencia informativa, evidenciando que la judicialización del asunto no debería ser la estrategia preferida. Expresó que otros problemas relacionados con la financiación también deben ser parte de las conversaciones futuras, instando a que cuando hay voluntad real, el Ministerio siempre ha estado dispuesto a colaborar para cubrir los costes operativos asociados a la atención de los menores migrantes.
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