
ZARAGOZA, 1 de abril. La Comunidad Autónoma de Aragón ha presentado una serie de alegaciones al sistema de financiación autonómica que buscan potenciar las variables correctivas de despoblación, dispersión y orografía hasta el 5%, propuesta que se contrapone al aumento del 4% sugerido por el Ministerio de Hacienda, que actualmente se sitúa en el 3%.
En una conferencia de prensa celebrada este martes, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, manifestó que el objetivo no es generar tensiones, sino alcanzar un entendimiento. “Queremos avanzar positivamente hacia un acuerdo”, enfatizó el consejero.
Bermúdez de Castro defendió la urgencia de considerar costos fijos, problemas de despoblación y el impacto de la orografía en el modelo de financiación, asegurando que el actual sistema perpetúa desequilibrios sobredimensionados en varias regiones. “La reforma debe ser integral; no es suficiente ajustar solo ciertos aspectos. La negociación debe ser global”, dijo.
Según un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, el gasto en servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales ascendería a 2.958 euros por cada habitante ajustado en 2022. Este gasto se traduce en un desfase de 398 euros por persona en términos de financiación.
La falta de ingresos adecuados repercute de manera constante en Aragón, lo que hace necesaria una reestructuración del modelo para lograr un equilibrio en la financiación de aquellos territorios que enfrentan el grave problema de la despoblación.
El informe presentado al Ministerio de Hacienda advierte que no atender a estas demandas implica una condena a los ciudadanos a recibir servicios inferiores o, en el peor de los casos, la ausencia de estos. La inclusión de indicadores como la orografía y la despoblación es clave para crear un sistema de financiación más equitativo.
Bermúdez de Castro resaltó que la solicitud se basa en la protección de las variables relacionadas con la despoblación, la dispersión y la orografía, afirmando que estas son evidentes y relevantes en toda la comunidad autónoma. “No se necesita ser un experto para apreciar la realidad de Aragón”,apostilló.
Insistiendo en la relevancia de la propuesta, Bermúdez de Castro mencionó que el incremento del peso de las variables correctivas a un 5% es crucial. Respecto al resto del 95%, sugirió que la sanidad debería tener una ponderación de entre el 43% y 45%, la educación entre el 19% y el 20,5%, y los servicios sociales entre el 10% y 12%.
En la distribución del 5% dedicado a las variables correctivas, el consejero especificó que la superficie debería tener un peso de entre el 2% y 2,3%, la dispersión entre 0,5%-0,6%, la insularidad también entre 0,5%-0,6%, los costes fijos entre 0,6% y 1%, y tanto la despoblación como la orografía entre 0,5%-0,6% cada una.
El consejero reconoció la complejidad del asunto y la importancia de mantener un diálogo constante, lo que llevó a solicitar una reunión urgente con Inés Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local, para discutir de manera más precisa las alegaciones presentadas.
Respecto a la interacción del Gobierno de Aragón con el Ejecutivo central, Bermúdez de Castro se refirió a esta como de “lealtad institucional”, aunque reconoció que su comunicación directa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado a intercambios escritos. “No ha tenido la cortesía de responderme”, añadió.
La geografía montañosa de Aragón y los desafíos climáticos asociados implican costos más altos en la construcción y mantenimiento de infraestructuras, complicando la equidad en la prestación de servicios básicos.
Un 40% de los municipios aragoneses se encuentran en lo que se denomina ‘Zonas Desfavorecidas de Montaña’. En Huesca, más del 45% de sus municipios encajan en esta categoría, y en Teruel, la cifra alcanza casi el 85%. Además, 25 de los 50 municipios de mayor altitud en España están ubicados en Aragón, muchos de ellos en Teruel.
El Gobierno de Aragón argumenta que la orografía, al igual que la insularidad, merece un reflejo proporcional en el sistema de financiación autonómica.
En términos de salud pública, Aragón dispone de 690 kilómetros de carreteras de montaña y alta montaña que son parte de la red autonómica, con un significativo incremento en los costos de mantenimiento y reparación.
El informe que respalda las alegaciones del Gobierno destaca que la distribución de la población no debe ser vista simplemente como una variable correctiva, sino como verdadera demanda de servicios que deben ser reflejadas en el sistema de financiación autonómica.
La OCDE ha señalado que el costo anual de la educación primaria es un 33% más elevado en áreas rurales en comparación con las urbanas, y un 14% más en zonas remotas que en áreas metropolitanas.
Bermúdez de Castro también propuso que, antes de implementar el nuevo sistema de financiación, se establezca un "fondo de nivelación" que asegure servicios adecuados, sugiriendo que la cantidad debería ser sustancial, no inferior a 10.000 millones de euros.
El consejero recordó que algunas comunidades están subfinanciadas, siendo Aragón una de ellas, conforme a recientes informes de la Cámara de Cuentas que evidencian la falta de transparencia en el sistema de financiación y calculan un déficit superior a 500 millones de euros para la región.
La Cámara de Cuentas resalta que la previsibilidad del sistema es tan limitada en tiempos de crisis que obliga a las comunidades autónomas a adoptar medidas drásticas para administrar sus cuentas, dificultando la planificación adecuada de ingresos.
Bermúdez de Castro finalizó subrayando que es fundamental que comunidades como el País Vasco y Navarra contribuyan al sistema de financiación y reclamó un marco claro que refleje el costo real de los servicios, asegurando que en este momento faltan esos parámetros en el ámbito estatal.
El consejero insistió en la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación autonómica en tiempos de bonanza económica, ya que la mayor parte de los ingresos provienen del IRPF y el IVA, que son las primeras partidas en sufrir recortes durante las crisis.
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