En una decisión relevante para la gestión financiera de las comunidades autónomas en España, el Consejo de Ministros ha hecho público este martes el Anteproyecto de Ley que contempla medidas excepcionales para la sostenibilidad financiera en aquellas regiones bajo el Régimen Común. A través de esta legislación, el Estado intervendrá para asumir una parte de la deuda autonómica, lo que podría tener un impactante efecto en la economía regional de Aragón, permitiendo una posible reducción de su deuda en hasta 2.124 millones de euros, lo que representa una disminución del 23% de su pasivo financiero.

El cálculo utilizado para determinar este alivio financiero se desglosa en tres fases. En primer lugar, se realiza un análisis comparativo del crecimiento de la deuda económica durante la crisis global que tuvo lugar entre 2010 y 2013, en contraste con el incremento de la deuda autonómica durante los años críticos de la pandemia de COVID-19 y en medio del conflicto en Ucrania, abarcando el periodo de 2020 a 2023. Según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, esta revisión nacional eleva la cifra de sobreendeudamiento a un total de 80.310 millones de euros.

Una vez determinado el exceso de deuda, el siguiente paso es la distribución de esta condonación, la cual se basa en criterios de población ajustada. Para Aragón, esto se traduce en una condonación de 1.931 millones de euros, equivalente al 21% del total de su deuda, cifra que supera la media nacional del 19,3% aplicada a todas las comunidades autónomas.

En la segunda fase del proceso, se establece que ninguna comunidad autónoma debe quedar por debajo de la media de condonación por población ajustada. Este ajuste podría implicar una elevación de la quita en algunas comunidades, garantizando que al menos alcancen ese 19,3%. Afortunadamente para Aragón, esta región ya se encuentra por encima de ese baremo.

Posteriormente, se introducen dos ajustes adicionales. En primer lugar, se identifica cuál es la comunidad con la mayor condonación por habitante ajustado, que en este caso es la Comunidad Valenciana, y se determina una quita adicional para equilibrar estas comunidades con aquellas que, en el ámbito de la financiación por habitante ajustado, han estado por debajo de la media durante el periodo 2010-2022.

También se incorpora una compensación para aquellas comunidades que han incrementado sus competencias fiscales, especialmente en el ámbito del IRPF. Estos ajustes llevan a que Aragón se beneficie de un incremento en su quita, sumando 193 millones de euros adicionales.

El objetivo de dicho ajuste es igualar a las comunidades autónomas en dos medidas que son propensas a comparaciones: la deuda condonada respecto al total y por habitante. Este enfoque busca fomentar la equidad entre las diferentes regiones del país.

En relación al mecanismo por el cual el Estado asumirá esta deuda, hay que aclarar que se trata de un proceso voluntario, que depende de la naturaleza de la deuda en cuestión, especialmente si está vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Dado que Aragón se encuentra en esta categoría, la aplicación de la medida se llevará a cabo a través de la cancelación o amortización de los préstamos pendientes bajo dicho fondo, hasta que se alcance la cifra de condonación correspondiente.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que esta condonación es beneficiosa para todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas bajo la gobernanza del Partido Popular, y ha enfatizado que esta medida no implica una paralización ni un reemplazo de la reforma del sistema de financiación, en la que el Gobierno continuará trabajando activamente.

Montero ha resaltado que de los 83.252 millones de euros en deuda que el Estado asumirá, cerca de 60.000 millones corresponden a comunidades gobernadas por el Partido Popular. "Es decir, 7 de cada 10 euros condonados benefician a comunidades donde el PP tiene la autoridad", ha declarado, instando a los presidentes autonómicos de dicha formación a "reflexionar" y apoyar una iniciativa que promete ser ventajosa para los ciudadanos.