Crónica Aragón.

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Aragón prioriza pruebas escritas y prácticas en oposiciones, disminuyendo exámenes orales.

Aragón prioriza pruebas escritas y prácticas en oposiciones, disminuyendo exámenes orales.

El Gobierno de Aragón ha decidido implementar un nuevo sistema de acceso a la Administración General que ha generado controversia. Esta reforma, que busca modernizar la selección de personal, elimina aquellas asignaturas que consideran "obsoletas", a la vez que reduce la importancia de los exámenes orales, descritos como una "barrera de entrada" por parte de las autoridades regionales.

Según lo anunciado en el Boletín Oficial de Aragón, el objetivo de esta transformación es hacer más accesibles los procesos de oposiciones. Sin embargo, desde distintos sectores se alza la voz de alerta, ya que este enfoque podría abrir la puerta a una disminución de los estándares de selección bajo la premisa de facilitar la participación de más aspirantes.

Los temarios se han revisado con la intención de concentrarse en áreas que se consideran esenciales para la administración moderna, como la digitalización, la igualdad y la prevención de riesgos laborales. No obstante, el Gobierno ha sostenido que esta simplificación no reducirá la exigencia, enfatizando que se evaluarán únicamente los conocimientos relevantes para el desempeño de las funciones públicas.

A partir de este nuevo marco, todos los procesos de selección futuros se regirán por las alteraciones introducidas. En particular, se establece que para aprobar cada fase del examen, se deberá lograr al menos el 50% de la puntuación total. Sin embargo, si el número de aprobados no coincide con las plazas ofertadas, se completará la lista con aquellos que hayan alcanzado el 33%, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de los seleccionados.

Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública han expresado su esperanza de que este nuevo sistema permita una evaluación más clara y efectiva de las capacidades y conhecimentos de los candidatos. No obstante, muchos se cuestionan si verdaderamente servirá para asegurar que los más cualificados accedan al servicio público, o si, por el contrario, se priorizará la cantidad sobre la calidad en el ámbito del empleo público.