En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, la Comisión Especial de Estudio de las Cortes de Aragón ha dado un paso significativo al celebrar su primera reunión dedicada a fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia. Este encuentro, que tuvo lugar el pasado lunes, es un espacio clave para discutir las herramientas necesarias que permitan afrontar los retos que presenta el uso de la tecnología en la educación y la salud mental de los jóvenes.

Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, fue la primera en tomar la palabra, enfatizando el rol fundamental de los docentes en la formación y desarrollo de los estudiantes. Resaltó que la capacitación digital de los educadores ya se está implementando en la comunidad, subrayando que la educación contada no puede ser un privilegio solo para algunos.

Gimeno también destacó el papel positivo de la tecnología, que si bien presenta su lado oscuro, puede ser un recurso valioso. Sin embargo, subrayó la importancia de que los poderes públicos actúen de manera proactiva, haciendo hincapié en la protección y exigencia en torno a su uso adecuado.

Durante su intervención, la Justicia abordó las preocupaciones que llegan a su oficina sobre el uso excesivo de dispositivos móviles entre los menores y los peligros que esto conlleva, particularmente en términos de salud mental. La comunidad está cada vez más alarmada por el impacto negativo que el acceso desmedido a internet podría tener en la juventud.

Un tema relevante que también surgió en el debate fue el coste de los recursos tecnológicos necesarios para la educación. Gimeno manifestó que el acceso a una educación de calidad no debe verse comprometido por las limitaciones económicas de las familias, instando a la necesidad de soluciones inclusivas en este aspecto.

Los riesgos asociados con el uso inadecuado de la tecnología son múltiples y variados. Entre ellos, la Justicia mencionó la dependencia digital, el aislamiento social, el ciberacoso y la exposición a grupos de riesgo, todos los cuales pueden desencadenar serios problemas psicológicos en los menores, como ansiedad y trastornos alimenticios.

Gimeno también enfatizó la necesidad de un control parental efectivo en el acceso a contenido digital. Propuso simplificar las herramientas de control, para que los padres puedan gestionar de manera más accesible el consumo de tecnología de sus hijos, asegurando así un uso seguro desde su inicio.

En su llamado a las administraciones, destacó la urgencia de implementar programas que conciencien y asesoren a las familias sobre el uso responsable de la tecnología. La prevención ante problemas emocionales derivados del uso no saludable de dispositivos debe ser una prioridad para el gobierno, afirmó.

Un enfoque educativo también fue propuesto, sugiriendo la creación de un equipo especializado que defina criterios claros y coordine esfuerzos en la evaluación de situaciones relacionadas con la tecnología en el entorno escolar. Asimismo, Gimeno abogó por fomentar la desconexión digital para proteger a los alumnos.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, subrayó la necesidad de adaptarse a un contexto global lleno de cambios, haciendo alusión a la problemática de las noticias falsas y a los retos que plantea la inteligencia artificial. El gobierno central se ha propuesto formular legislaciones específicas para regular el entorno digital y proteger a los menores, incluyendo reformas al código penal para combatir el acoso sexual online.

Desde el Instituto Aragonés de la Juventud, Cristina Navarro advirtió que la tecnología, aunque no es el enemigo, debe ser utilizada con cautela. La falta de orientación adecuada durante etapas formativas puede ser perjudicial, impulsando la necesidad de reforzar políticas de educación digital y apoyo emocional en los jóvenes.

La vocal asesora de Protección de Datos, Marta Rico, a través de videoconferencia, resaltó la vulnerabilidad de los menores en internet. La falta de conciencia sobre la exposición de su información personal puede llevar a situaciones de riesgo, como el sexting. Enfatizó la necesidad de un balance entre la protección de los menores y el respeto a la privacidad digital de todos los usuarios en línea.

Finalmente, Ana María Moracho, directora general de Política Educativa en Aragón, argumentó que entender y regular el uso de la tecnología es esencial para que los jóvenes puedan beneficiarse de sus oportunidades. Instó a integrar en la educación herramientas que enseñen tanto el uso responsable como la prevención de los peligros de la hiperconexión.

Con esta primera sesión, la Comisión Especial de Estudio busca abordar de manera rigurosa el impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia de Aragón. Presida por la diputada del Partido Popular Silvia Casas y compuesta por representantes de varios partidos, la comisión tiene el mandato de estudiar y proponer soluciones a esta problemática contemporánea. La propuesta inicial fue presentada por el PP e impulsada por un consenso en el Parlamento que destaca la importancia de abordar esta cuestión con seriedad y compromiso.

Las Comisiones especiales son instrumentos parlamentarios que permiten realizar estudios y análisis sobre temas de gran relevancia, asegurando que al final de su labor, se cuente con aportes sólidos para el avance en políticas públicas que beneficien a la sociedad.