El Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que regula la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en las distintas comunidades autónomas. Esta medida fue propuesta por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y busca oponerse al traslado de estos menores desde comunidades sobrecargadas, como Canarias y Ceuta.

Durante una conferencia de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno del nuevo curso, Mar Vaquero, portavoz del Ejecutivo aragonés, manifestó que el sistema actual de distribución de estos menores afecta gravemente principios fundamentales como la igualdad y la solidaridad. En su opinión, la implementación de este mecanismo es forzada y no considera la capacidad real que poseen las comunidades autónomas para asumir más menores.

Vaquero también señaló que esta situación pone en riesgo la bienestar de los menores, provocando tensión entre las comunidades, lo que ella describió como una "irresponsabilidad absoluta" del Gobierno central. Destacó que, según la normativa vigente, Aragón podría acoger hasta 251 menores adicionales, pero el Gobierno aragonés no cuenta con información sobre la llegada de estos menores, incluyendo su edad y sus circunstancias personales.

La portavoz dejó claro que Aragón carece de los recursos necesarios para recibir dignamente a 251 menores, criticando la falta de colaboración del Gobierno de España en esta crisis migratoria. Además, hizo hincapié en las diferentes necesidades que presentan los niños según su edad, así como la posibilidad de que algunos de ellos enfrenten problemas de conducta o discapacidad.

Al reiterar la decisión de presentar el recurso, Vaquero afirmó que esta acción busca poner de manifiesto la falta de colaboración y la imposición unilateral del Gobierno central, lo cual ha generado una considerable preocupación entre las entidades que cuidan a estos menores por la falta de planificación adecuada.

A pesar de su oposición, la portavoz destacó que el Gobierno de Aragón no es "insumiso" y cumplirá con la ley, aunque sigue cuestionando un reparto que, según su parecer, prioriza los intereses del presidente Sánchez sobre el bienestar de los menores.

En este sentido, la Consejería de Bienestar Social y Familia continuará colaborando con las entidades locales para gestionar la acogida de los menores, a pesar de la notable ausencia de apoyo del Gobierno central, al que acusó de actuar con deslealtad.

Además, Vaquero expresó la necesidad de reflexionar sobre el tipo de Gobierno que maneja la situación, acusándolo de utilizar a los menores en medio de una crisis migratoria sin muestra de sensibilidad o dignidad, violando así principios de solidaridad.

En su crítica, la vicepresidenta afirmó que el presidente Sánchez utiliza a estos menores como herramientas para mantener el poder en la Moncloa, denunciando que se está hablando de personas que son tratadas como moneda de cambio, creando tensiones en las comunidades autónomas.

Vaquero resaltó que el Ejecutivo de Sánchez ha deshumanizado completamente la realidad de estos menores, considerándolos meros instrumentos en su agenda política.

Por otro lado, rechazó la opción de recurrir a macrocentros para alojar a los menores, argumentando que tal medida solo conduciría a hacinamiento. Insistió en que no solo se necesita un lugar para alojar a los menores, sino también la contratación de profesionales capacitados para brindarles atención adecuada.

Este recurso se suma a múltiples acciones judiciales previas iniciadas por el Gobierno de Aragón, incluyendo recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional, así como un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite en primavera y otro contencioso ante el Tribunal Supremo que ha sido reconocido recientemente.