El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que los centros de acogida de menores en la comunidad han alcanzado niveles de saturación alarmantes, superando ampliamente su capacidad habitual.

Durante una reciente rueda de prensa, Bermúdez de Castro expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de aceptar el recurso presentado por el Gobierno aragonés. Este recurso impugna un requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia que exigía información sobre plazas y ocupación en los centros de menores. Según el consejero, esto refuerza la posición del Ejecutivo autonómico en el debate.

En sus declaraciones, el consejero también criticó la influencia de ciertos partidos políticos, haciendo referencia concreta a Junts, en la política de inmigración y la distribución de menores en el país. Afirma que es inaceptable que se impongan líneas de acción por mantener la estabilidad de un gobierno, en este caso, el del presidente Sánchez.

Bermúdez de Castro no dudó en calificar de "xenófobo" el enfoque de algunos grupos que rehúyen aceptar nuevos menores en su territorio, justificando su postura con la frase contundente de que no se puede cerrar las puertas a quienes más lo necesitan bajo la excusa de ya tener demasiados.

El requerimiento que ha llevado a la situación actual es el resultado directo de un Real Decreto Ley del Gobierno de España. El Gobierno de Aragón, en respuesta, ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, solicitando adicionalmente la suspensión temporal del requerimiento estatal sobre la información de menores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado curso a este recurso, abriendo un procedimiento para analizar la solicitud de medidas cautelares a fin de resolver sobre la suspensión del requerimiento gubernamental. Esto implica que ahora el Ministerio tiene diez días hábiles para presentar sus argumentos antes de que el Tribunal tome una decisión.

La negativa a proporcionar información sobre la atención a menores en Aragón se basa en la solicitud de suspensión realizada en el ámbito judicial, apoyada por la jurisprudencia pertinente. De este modo, el Gobierno de Aragón reivindica su posición y busca la transparencia en este controversial asunto.

Bermúdez de Castro ha revelado que, según datos emitidos por el Departamento de Bienestar Social y Familia, los centros de acogida para menores migrantes están colapsados, lo que contrasta con las afirmaciones del delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, quien aseguraba que la capacidad del sistema oscila en torno a las 400 plazas y que la ocupación actual sería de 197. A pesar de ello, la comunidad aragonesa ha sido la única que no ha entregado dicha información al Gobierno central.

Ante esta discordancia, Bermúdez de Castro instó a Beltrán a comprender la situación desde la perspectiva del Gobierno de Aragón, enfatizando la realidad de los centros, la carga que suponen y los costos asociados. "Es fácil afirmar que tenemos 400 plazas y luego olvidarse del problema real", subrayó el consejero.