Aprobación del Instituto de Salud Pública de Aragón avanza en el Parlamento.
El 11 de septiembre en Zaragoza, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó un proyecto de ley para la creación del Instituto de Salud Pública de Aragón, lo que significa una modernización en la forma en que se gestiona la salud pública en la región. La iniciativa cuenta con el respaldo del Partido Popular (PP) y del Partido Aragonés (PAR), mientras que la mayoría de la oposición se abstuvo, compensando el voto negativo emitido por Vox, lo que permite continuar con el proceso legislativo.
José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, argumentó que esta propuesta es más que un simple trámite político y aborda una necesidad estructural que la comunidad ha arrastrado durante años. Según sus palabras, la organización existente, que data de la década de los 80, ya no es capaz de enfrentar los desafíos actuales, algo que se evidenció durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Bancalero destacó que, en lugar de adaptarse a nuevas realidades, el sistema ha permanecido inmóvil, lo que ha comprometido su eficacia. En respuesta, la administración autonómica ha diseñado este proyecto de ley para alinearse con las estrategias postpandemia que se impulsan tanto a nivel nacional como en otros territorios.
El nuevo Instituto de Salud Pública buscará unificar las diferentes funciones de la actual Dirección General de Salud Pública y los servicios de salud provinciales, creando una entidad más eficiente que elimine las duplicidades. La intención es que esta reestructuración no sea meramente burocrática, sino que fortalezca áreas críticas como la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud, dotando a Aragón de más herramientas para prevenir futuras crisis sanitarias.
Gaspar citó la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública por parte del Gobierno central como un paso en la dirección correcta, y enfatizó que la nueva estructura reforzará la candidatura de Aragón para ser sede de dicha agencia, permitiendo una mejor preparación ante futuras pandemias.
Por otro lado, el representante del PSOE, Iván Carpi, criticó al PP por intentar torpedear previamente la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y ahora tratar de utilizar esta ley autonómica para sus intereses políticos. Carpi también señaló las dificultades en la cobertura de plazas públicas y los problemas de financiación que podrían surgir de esta nueva estructura.
Aunque reconoció la necesidad de un aumento presupuestario, Carpi expresó su preocupación por si el nuevo instituto logrará realmente adaptarse a las necesidades emergentes en salud pública. Además, se mostró escéptico sobre la eficacia del control parlamentario sobre el nuevo organismo.
Vox, a través de su diputado Santiago Morón, fue el único grupo que se opuso abiertamente a la propuesta, argumentando que el fracaso en la gestión de la pandemia no se debió a la falta de institutos de salud, sino a problemas en la gobernanza entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Desde la formación CHA, Isabel Lasobras, anunció su abstención, mencionando que la propuesta carece de profundidad y claridad, aunque reconoció que es una herramienta positiva. Joaquín Moreno de Aragón-Teruel Existe también mostró reservas sobre la desaparición de la Dirección General de Salud Pública.
Finalmente, Andoni Corrales de Podemos y Álvaro Sanz de IU se mostraron escépticos respecto a las expectativas de mejora en la salud pública con esta nueva estructura, sugiriendo una mayor revisión y rigor en el texto, mientras que Alberto Izquierdo del PAR respaldó la idea, pero criticó el posible aumento de tasas a los mataderos en un contexto económico delicado para el sector.