Mar Vaquero, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha ofrecido detalles sobre la solicitud de una compañía estadounidense para establecer un proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono en la comarca del Maestrazgo, en Teruel. Este proyecto, que actualmente se encuentra en fase de estudio y expuesto al público, se someterá a un permiso de investigación que podría extenderse hasta cinco años. La decisión final sobre su ejecución, si se cumplen todos los requisitos, competirá al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Durante una visita a Cella, en la provincia de Teruel, Vaquero enfatizó la importancia de que el Gobierno autonómico garantice el cumplimiento de todos los estándares ambientales. Aseguró que mantendrán una comunicación constante con la población y los municipios del Maestrazgo, buscando llevar a cabo este proyecto de manera que cuente con el mayor respaldo posible de la comunidad.

El interés por el proyecto ha suscitado críticas, especialmente por parte de partidos como el PSOE y Teruel Existe, así como por algunos alcaldes de la zona. La vicepresidenta, quien también es consejera de Presidencia, Economía y Justicia, explicó que la controversia surgió tras la publicación en el Boletín Oficial de Aragón sobre la competencia para llevar a cabo la investigación. Este procedimiento es lo que actualmente se encuentra en la fase de información pública.

Vaquero destacó que, siguiendo la Ley de 2020 sobre hidrocarburos, la Comunidad Autónoma está obligada a hacer pública la solicitud de la empresa, dado que debe ser mediante un concurso. La información publicada en el BOA se enmarca dentro de esta obligación legal, lo que ha generado el proceso actual.

La vicepresidenta señaló que, una vez que se inicie el proceso, diferentes empresas podrán presentar sus propuestas y que el proyecto que mejor cumpla los requisitos será el que obtenga el derecho de investigación, el cual tendrá una duración de aproximadamente cinco años.

Serán las empresas las encargadas de realizar las prospecciones, catas y estudios necesarios, siempre bajo un control ambiental riguroso. Sin embargo, una vez concluido este periodo de investigación, el último permiso necesario dependerá del Gobierno de España.

Vaquero aseguró que el Gobierno de Aragón actuará como un "guardia" del cumplimiento de las normativas ambientales, siendo rigurosos y atentos a la inquietud que este proyecto ha suscitado en las comunidades del Maestrazgo. Su compromiso es claro: hacer que cualquier iniciativa que busque impulsar el desarrollo del territorio se realice en colaboración con los municipios.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo mantendrá un contacto continuo con los ayuntamientos, reconociendo la importancia de escuchar a los ciudadanos y considerar sus opiniones respecto a los proyectos que impacten en su entorno. "Es esencial que ellos estén informados y que su voz sea tenida en cuenta", concluyó Vaquero.