En Zaragoza, el pasado 16 de julio, tuvo lugar una reunión entre el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida en Aragón, para discutir el controversial tema del "cupo" catalán. Sanz ha declarado que su formación política está comprometida en abogar por un modelo de financiación que asegure que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a sus derechos fundamentales mediante unos servicios públicos robustos y bien financiados, dejando de lado cualquier tipo de confrontación territorial.

Durante la reunión, Sanz expresó que su presencia era un acto de "respeto institucional", aunque consideró que se trató de una mera escenificación dentro de una dinámica de confrontación que califica como una política estéril que no produce resultados positivos.

El diputado subrayó que no se mostraron datos concretos que justifiquen las cifras presentadas por el Gobierno aragonés, lo que generó una falta de claridad en cómo se llegaba a las afirmaciones sobre los más de doscientos millones que se mencionaron. Sanz también se mostró crítico ante la falta de explicaciones sobre las consecuencias de cualquier acuerdo que se pudiera alcanzar con Cataluña.

Desde su perspectiva, Sanz señaló que la actitud del Gobierno de Aragón refleja un cinismo inadecuado y una falta de rigor. En vez de presentar propuestas constructivas para un nuevo modelo de financiación autonómica que favorezca la cooperación y no la división, se está alimentando un debate que no beneficia a Aragón. Insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación más solidario y federalista.

Izquierda Unida reafirmó su postura de no entrar en confrontaciones, defendiendo que un protocolo de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos vean satisfechos sus derechos a través de servicios públicos eficientes y bien financiados. Para eso, Sanz aboga por aumentar la suficiencia del sistema, lo que implica incrementar recursos y una discusión profunda sobre la fiscalidad, proponiendo que quienes más tienen deben contribuir más.

Además, Sanz considera que criticar constantemente al Estado, sin asumir responsabilidades locales, no es una solución viable. Llama a implementar un nuevo modelo de financiación que contraste con la tendencia de reducir impuestos que podría provocar desigualdad entre las comunidades autónomas, incluidas las de Madrid y Andalucía. A su juicio, el enfoque debería centrarse en garantizar derechos a través de un sistema de financiación justo en lugar de fomentar la competencia negativa entre regiones.

El portavoz de IU también subrayó que es inaceptable utilizar a las comunidades autónomas como instrumentos de enfrentamiento contra otros territorios o el Gobierno central. Defendió la urgencia de abordar la reforma del sistema de financiación y se opuso a cualquier cambio que pueda resultar en una disminución de los recursos para las comunidades de régimen común.

Finalmente, Sanz concluyó que el Gobierno de la nación debe esforzarse por asegurar que la reforma de financiación garantice una suficiente base financiera mediante un sistema fiscal equitativo, promoviendo la corresponsabilidad y evitando competencias desleales, asegurando así que todas las comunidades autónomas cuenten con los mismos derechos y recursos para proporcionar servicios públicos esenciales.