En el día de hoy, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado en una conferencia de prensa su firme oposición al acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sobre la cesión del IRPF. Según Bermúdez de Castro, este pacto amenaza con “romper la igualdad entre los españoles”, lo que ha llevado al ejecutivo aragonés a preparar una serie de acciones legales y parlamentarias en respuesta.

El consejero ha calificado este acuerdo de “grave” y “más allá de lo anticipado”, enfatizando que, aunque se podría haber previsto, es evidente que esta acción busca favorecer intereses particulares de Cataluña a expensas del resto del país. Ha criticado la retórica de la Generalitat, que, a su juicio, oculta intenciones más profundas de desigualdad en la distribución de recursos públicos.

Bermúdez de Castro ha denunciado que los discursos de “colaboración” son en realidad una forma de “claudicación” y que se está promoviendo un modelo de “financiación singular” que no respeta el principio de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Ha argumentado que la desigualdad en la capacidad económica de las Administraciones Públicas menoscaba los derechos de los ciudadanos de otras regiones, como Extremadura o Baleares.

El consejero recordó que en el pasado, tanto el Partido Popular como el PSOE coincidieron en rechazar peticiones similares del expresidente Artur Mas, resaltando que cualquier medida que comprometa la igualdad y la solidaridad a nivel nacional resulta perjudicial para la cohesión del país. “Si se rompe la igualdad, lo que nos queda como naciones es muy poco”, aseguró.

Además, Bermúdez de Castro se mostró crítico con el hecho de que la Generalitat esté dispuesta a “dar limosna” al resto de España y advirtió de las posibles repercusiones para el Estado y otras comunidades autónomas. Se cuestionó sobre la capacidad del gobierno central para cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo pensiones e infraestructuras, si se lleva a cabo este acuerdo, subrayando que el tema trasciende a una simple disputa política y se asienta en cuestiones numéricas.

El consejero también insinuó que el presidente Pedro Sánchez está intentando permanecer en el poder a costa de la estabilidad financiera del país, preguntándose por qué este acuerdo no fue incluido en su programa electoral, ni tampoco permitido ser consultado por el electorado. Esto refleja, según Bermúdez de Castro, una falta de transparencia y un interés por mantener el control político.

Finalmente, el consejero alertó sobre el riesgo de que Aragón se convierta en “el jamón de York pobre” en un “sándwich” entre Navarra, el País Vasco y Cataluña, sugiriendo que las decisiones financieras actuales podrían dejar a la comunidad aragonesa en una situación perjudicial. También exigió la convocation urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir lo que considera una “tropelía” que afecta de manera significativa a los ciudadanos, rechazando la idea de que un gobierno supuestamente progresista beneficie a los más ricos a expensas de la población en general.