En Zaragoza, el 28 de junio, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha unido su voz a la de otros doce consejeros de comunidades autónomas y ciudades gestionadas por el Partido Popular. Juntos han enviado una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, solicitando de manera urgente la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda para definir el próximo plan estatal.

Los firmantes, que representan a la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, así como a Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, la Generalitat Valenciana, la Junta de Extremadura, las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Ceuta y Melilla, expresan su preocupación ante la próxima expiración del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. En este contexto, enfatizan la necesidad de "elaborar, tramitar y aprobar" el plan correspondiente para el período 2026-2029.

También subrayan que la falta de reuniones sectoriales desde octubre de 2024 ha limitado su capacidad para conocer los detalles del plan y participar en su creación. De hecho, hasta ahora solo han podido enviar propuestas sin haber recibido respuesta alguna, lo que consideran un grave inconveniente.

La falta de comunicación y de colaboración ha impedido lo que ellos califican como un "debate necesario y enriquecedor". Este diálogo debería abarcar "todas las realidades territoriales" para evaluar necesidades y soluciones, lo que resultaría en un plan que realmente beneficie a todos los españoles.

Por este motivo, las comunidades autónomas lideradas por el PP han solicitado formalmente la realización de una Conferencia Sectorial dedicada exclusivamente a la vivienda. Esta reunión debe ser precedida por la Comisión Sectorial Técnica, donde los consejeros recibirán la documentación necesaria sobre el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 que el Ministerio ha desarrollado.

Argumentan que su demanda busca la creación de un documento de trabajo "serio, eficaz y sin inclinaciones políticas", promoviendo la colaboración entre las administraciones para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Los consejeros enfatizan la importancia de un diálogo "sincero y fluido", así como la necesidad de alcanzar un consenso entre los que diseñan el plan y aquellos que lo implementarán. Insisten en que es fundamental comenzar su redacción sin imposiciones unilaterales, las cuales podrían comprometer su sustentabilidad en el tiempo.

Además, defienden que el nuevo plan debe fundamentarse en el principio de igualdad de todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia. Se oponen, por tanto, a la introducción de elementos que distorsionen la equidad territorial mediante incentivos ideológicos o partidistas, con el objetivo de otorgar al plan "suficiente solidez política".