El pasado 13 de marzo, las Cortes de Aragón dieron un paso significativo al aprobar la tramitación de la ley de Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (APIE). Este proyecto recibió el respaldo de varios partidos políticos, incluidos el Partido Popular, PSOE, A-TE, Podemos y PAR, mientras que CHA e IU votaron en contra y VOX optó por abstenerse.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, aseguró que esta legislación representa una oportunidad única para revitalizar el comercio local y mejorar su competitividad. Durante la presentación ante los parlamentarios, destacó la importancia de esta norma, que gestiona un total de 34 artículos, y que ahora pasará a la fase de propuestas durante las Audiencias Legislativas.

Vaquero defendió que la creación de estas áreas responde a una necesidad solicitada directamente por el sector comercial, reafirmando que se trata de una demanda no solo legítima, sino urgente. Rememoró que ya en 2019 se había aprobado una propuesta similar con consenso, destinada a fomentar el comercio local.

La vicepresidenta también mencionó que la ley está diseñada para proporcionar "soluciones estructurales" para que los pequeños comerciantes puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas digitales y otros competidores. Según Vaquero, esto contribuirá al crecimiento y desarrollo del comercio, atrayendo más clientes y potenciando su competitividad.

Entre los objetivos de la norma, la vicepresidenta subrayó dos aspectos clave: la autenticidad y la identidad del comercio local. Estas características, según ella, son esenciales para reforzar la singularidad de cada municipio y barrio, al mismo tiempo que ayudan a fomentar la cultura de las calles comerciales.

La legislación propone otorgar a los comerciantes herramientas avanzadas para la gestión de sus negocios, incluida la utilización de datos para comprender mejor los hábitos de compra y la implementación de estrategias comerciales efectivas, además de la creación de una marca común.

Vaquero también celebró un modelo de colaboración público-privada que permitirá a los ayuntamientos trabajar junto al sector comercial para financiar adecuadamente las iniciativas necesarias para el desarrollo económico local.

Haciendo hincapié en la importancia de la "política eficaz" y el consenso, Vaquero argumentó que este proyecto es pionero en Aragón y que solo se ha implantado en un par de comunidades autónomas a nivel nacional. Aun así, existen numerosos ejemplos internacionales de éxito en la revitalización del comercio local.

La vicepresidenta también delineó los principios que sustentan la ley, tales como la colaboración entre el sector público y privado, la sostenibilidad económica y la promoción de la identidad local. Insistió en que los propios comerciantes deben ser quienes establezcan las acciones a tomar, promoviendo un enfoque deliberativo.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa enfatizó que esta ley debe complementar las competencias municipales, asegurando el respeto por la autonomía local y limitando su aplicación a áreas geográficas específicas. Añadió que se debe encontrar un equilibrio que evite que estas arterias comerciales se conviertan en meras "pasarelas de franquicias".

Ignacio Herrero, del PP, presentó datos preocupantes sobre el comercio en Aragón, señalando que en 2003 había alrededor de 20,000 negocios, cifra que ha caído a poco más de 11,000. Insistió en la necesidad de actuar con prontitud para frenar esta tendencia descendente.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, expresó su apoyo a la ley, aunque criticó al Gobierno de Aragón por su aparente preferencia por las multinacionales en lugar de por el pequeño comercio local.

Alberto Izquierdo del PAR, por su parte, aseguró que la nueva ley permitirá a los comercios locales competir legítimamente, evitando que las áreas centrales de las ciudades se conviertan en "desiertos comerciales".

Juan Vidal de VOX levantó la voz al advertir sobre la crítica situación del comercio local, cuestionando la eficacia de nuevas tasas en su posible resolución. Defendió que esta ley podría imponer cargas innecesarias a los autónomos y lo describió como un "lastre" para el sector.

José Luis Soro, de CHA, criticó el proyecto por su enfoque centralista y su desconexión con la realidad del medio rural, manifestando que refuerza dinámicas que han perjudicado a Aragón en el pasado. Abogó por políticas que reconozcan la diversidad y los retos específicos de cada territorio.

Finalmente, Álvaro Sanz de IU expresó fuertes reservas sobre cómo este proyecto podría afectar a los ciudadanos, sugiriendo que podría llevar a una privatización del urbanismo y a un nuevo modelo de gobernanza que no beneficia a la comunidad.