En Zaragoza, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, ha destacado recientemente que establecer un sistema de financiación autonómica justo es una tarea imposible sin criterios y bases que sean consistentes y homogéneas. Sus comentarios se produjeron durante su intervención en las Cortes de Aragón, donde presentó un informe que examina los recursos del sistema de financiación entre 2018 y 2022.

Royo comenzó su exposición señalando que el modelo de financiación creado en 2009 tenía como objetivo primordial garantizar la suficiencia, la equidad y la corresponsabilidad fiscal. Sin embargo, enfatizó que la realidad ha demostrado ser muy diferente, marcada por una notable falta de transparencia y resultados desiguales que persisten hasta la fecha.

En su análisis, el presidente de la Cámara de Cuentas también mencionó que el problema no solamente radica en los informes actuales, sino que responde a una serie de fallas estructurales que han perdurado desde la implementación del modelo, con una ausencia de reformas significativas que busquen la cohesión territorial y un acceso equitativo a servicios públicos vitales.

Además, hizo hincapié en la urgente necesidad de realizar un estudio que determine el costo efectivo de los servicios, argumentando que la equidad en la asignación de recursos debería ser fundamental, de tal manera que todas las comunidades gozaran de fondos similares para ofrecer servicios comparables.

Royo también subrayó las "importantes diferencias" que existen en la financiación por habitante ajustado. Estas disparidades son el resultado de la actual metodología de reparto, que perpetúa una situación injusta y refleja la falta de actualización en los costos efectivos.

La parlamentaria del PP, María Navarro, corroboró las palabras de Royo, sosteniendo que desde 2009, las fórmulas del sistema de financiación han desventajado a Aragón en comparación con otras comunidades. Señaló que el criterio de población ajustada afecta de manera desproporcionada a su región, sugiriendo en cambio que debería considerarse la superficie y la dispersión geográfica como variables clave.

Por su parte, el socialista Óscar Galeano consideró que el informe carece de una adecuada gestión, aunque su contenido es esencial. Exigió al Gobierno de Azcón que rectificara cualquier crítica hacia la Cámara de Cuentas, destacando la eficiencia con que se ha elaborado el informe en un tiempo récord.

Fermín Civiac, de Vox, expresó su opinión sobre la estructura del Estado español, afirmando que el sistema actual favorece a determinadas comunidades sobre otras. Defendió la idea de crear un marco de financiación que asegure la calidad en la prestación de servicios públicos y acusó al modelo autonómico de ser desigual.

Desde CHA, José Luis Soro destacó que el informe subraya la falta de autonomía financiera y un Estado centralizado que dificulta la federalización de la economía. Afirmó que la insuficiencia financiera y el incumplimiento del déficit constituyen serios obstáculos para la planificación y gestión eficiente de los recursos.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, hizo eco del informe, resaltando que el sistema de financiación actual no cubre adecuadamente los costos reales de los servicios, perpetuando desigualdades históricas. Criticó la falta de acuerdos para calcular de manera realista el coste de la prestación de servicios públicos en condiciones equivalentes.

Finalmente, el parlamentario de IU, Álvaro Sanz, subrayó la necesidad de reformar un sistema que ha quedado desfasado. Cuestionó si un nuevo reparto de los mismos recursos llevaría a una mejora y argumentó que es crucial centrar los esfuerzos en incrementar los recursos disponibles para atender las demandas actuales de la ciudadanía.