El Ayuntamiento de Zaragoza ha protagonizado un intenso debate durante su último pleno, donde se rechazó una importante moción del Partido Popular (PP) relacionada con la cesión de competencias en inmigración hacia la Generalitat de Cataluña. La decisión fue impulsada por los votos del PP y VOX, quienes argumentaron que el sistema de distribución de menores inmigrantes no acompañados establece un "reparto arbitrario" y desigual entre comunidades autónomas.

Los representantes del PP han manifestado su preocupación señalando que esta medida, resultado de los pactos del presidente Pedro Sánchez para afianzar su continuidad en el poder, infringe el artículo 149.1 de la Constitución española. Esta disposición legislativa, consideran, es un ataque a la unidad de acción en temas fundamentales como la seguridad y la cohesión social, priorizando los intereses políticos de la izquierda por encima del bienestar general del pueblo español.

En un segundo punto, los ediles instaron al Gobierno central a reafirmar que tanto la política migratoria como el control de fronteras deben seguir siendo competencia exclusiva del Estado. Además, se exige que dicha gestión migratoria se realice de manera ordenada y coordinada, respetando la legalidad y garantizando el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, evitando cualquier tipo de delegación que imponga un tratamiento desigual en España.

El portavoz municipal del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, criticó duramente esta cesión de competencias, afirmando que crea disparidades inaceptables. Citó el ejemplo de Cataluña, que, a pesar de su mayor población, recibiría una cantidad menor de menores en comparación con Aragón, lo que a su juicio exacerbó la desigualdad en el trato entre comunidades.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, no tardó en responder a las acusaciones del PP, recordando una disminución del 80% en la partida destinada a la cooperación al desarrollo y cuestionando el pacto entre el PP y VOX en Valencia, que se niega a aceptar más MENAs. Sostiene que es inaceptable jugar con la situación de los menores en medio de una crisis que afecta a un país con 40 millones de habitantes y aboga por una gestión adecuada de los recursos.

Por su parte, el portavoz de VOX, Julio Calvo, criticó a la izquierda por su enfoque en lo que considera aspectos secundarios, dirigiendo su atención hacia lo que él llama el "desguace" del Estado y el otorgamiento de "privilegios" a algunas autonomías en detrimento de otras. Se cuestionó la legitimidad de las exigencias de Junts, sugiriendo que estas no pueden ser justificadas bajo un planteamiento socialista.

Calvo también calificó de "arbitrario" el sistema de reparto de menores y lo consideró potencialmente inconstitucional, afirmando que un decreto ley no debería afectar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos según lo estipulado en la Constitución.

Ángel Lorén insistió en que el pacto migratorio entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes no solo despoja de recursos a otras regiones, sino que además contribuye a aumentar la vulnerabilidad de estas. Se cuestionó la lógica de otorgar más derechos a ciudadanos de una comunidad en relación a otros, recriminando al PSOE por criticar los acuerdos de PP y VOX en Valencia mientras ellos formalizan pactos con Junts.

El concejal del PSOE, Paco Galán, rebatió los argumentos del PP y VOX, afirmando que estos fomentan una "cultura del miedo", sugiriendo que la llegada de menores extranjeros podría inherentemente traer a "pandilleros y quinquilleros". Afirmó que crear un clima de inseguridad podría acarrear acciones legales por incitación al odio.

Ante estas afirmaciones, Lorén replicó que no hay necesidad de acudir a los juzgados dado que las investigaciones ya están en curso, enfatizando que muchos menores, tras cumplir la mayoría de edad en centros de acogida, se ven obligados a abandonar esos programas y enfrentar la vida en la calle, situación que atribuyó a las promesas fallidas del Gobierno de Sánchez.