La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha manifestado su deseo de que si un menor, acusado de provocar un incendio en un centro de acogida en Teruel, es encontrado culpable, Cataluña asuma la responsabilidad de bajo condena. Este pronunciamiento tuvo lugar en una reciente rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

En el contexto de la llegada de 251 menores migrantes no acompañados a Aragón, procedentes de Canarias, el Gobierno autonómico está preparando su acogida con un presupuesto de más de 3 millones de euros, otorgados a través de un nuevo Real Decreto Ley. Susín hizo hincapié en que esta situación solo durará 90 días, destacando la insuficiencia de los fondos disponibles.

Tradicionalmente, el Gobierno español ha financiado la acogida de estos menores a un costo de 145 euros diarios, lo que suponía un pago anticipado anual. Sin embargo, el nuevo decreto establece un subsidio de tan solo 35 euros diarios por cada menor, más un aporte de 300.000 euros, destinado a reconocer la saturación en los servicios de protección infantil en Aragón.

Susín ha planteado dudas sobre la metodología empleada por el Ministerio de Infancia y Juventud para calcular estos aportes, sugiriendo que el planteamiento no resulta coherente. Además, señaló que los costos de cada plaza oscilarán, dependiendo del tipo de centro donde se realice la acogida.

El Gobierno de Aragón ha solicitado la revisión del Real Decreto y ha demandado todos los informes, incluyendo el dictamen del Consejo de Estado vinculado al texto. La consejera subrayó la necesidad de encontrar un consenso que no interfiera con las competencias de la comunidad autónoma, catalogando el reparto de menores como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez para dividir a las comunidades.

Sobre el incendio en el centro de acogida en Teruel, Susín indicó que las investigaciones han concluido que el incidente fue provocado por un menor que reside en el centro. La Fiscalía ha tomado medidas para internar al menor en un régimen cerrado hasta el juicio. Este menor había llegado a Aragón en mayo y se había solicitado a Cataluña que lo recogiera, solicitud que no fue atendida.

Una vez se dicte la sentencia, el Gobierno aragonés exigirá a la Generalitat de Cataluña que el menor cumpla su condena en un centro de reforma en su comunidad y que asuma los costos derivados de la adaptación del centro de Teruel, así como cualquier responsabilidad civil que se pueda derivar de la condena.

Susín puntualizó que, aunque el Gobierno de Aragón tiene la guarda del menor, no posee la tutela, lo que evidencia que la llegada de estos menores es diversa y no solo se limita a Canarias. Muchos llegan viajando con sus familias o se mueven entre comunidades, lo que complica la situación.

La consejera también criticó lo que denominó "política de puertas abiertas", que según ella, no solo ha provocado un efecto llamada, sino que ha desbordado las capacidades de las comunidades para proteger a estos jóvenes, quienes tienen distintos perfiles; algunos necesitan protección, mientras que otros requieren tratamiento reformatorio.

Según Susín, esta es una crisis generada por el Gobierno de España, que debe asumir más responsabilidades en la gestión de los menores. Afirmó que las comunidades autónomas, careciendo de los recursos adecuados, no están equipadas para lidiar con los problemas que presentan estos menores.

La consejera explicó que, salvo en casos de reforma judicial, la mayoría de estos jóvenes reside en centros abiertos, donde llevan una vida normal, asistiendo a la escuela y tomando decisiones sobre su movilidad entre comunidades. Sin embargo, muchos de ellos tienen antecedentes de trastornos de conducta, lo que complica su convivencia en entornos de protección estándar.

Finalmente, Susín destacó que la legislación actual de Infancia y Adolescencia en Aragón es excesivamente proteccionista y no responde a las necesidades de los niños con perfiles específicos, argumentando que el sistema judicial, guiado por esta normativa, frecuentemente encuentra dificultades para internar a un menor en un programa de reforma.