Crónica Aragón.

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Aragón se muestra decepcionado con los resultados finales de su financiación autonómica para 2023.

Aragón se muestra decepcionado con los resultados finales de su financiación autonómica para 2023.

ZARAGOZA, 23 de julio. El Gobierno de Aragón ha manifestado enérgicamente su descontento tras el anuncio de la liquidación del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2023, que revela un nuevo recorte en los recursos asignados a esta región.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, Aragón verá una disminución en su financiación, recibiendo 120,8 millones de euros, en comparación con los 125,7 millones que se habían anticipado el año anterior. Esto representa una reducción alarmante de los fondos que la Comunidad tiene derecho a recibir.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado su indignación al considerar que este recorte no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia preocupante por parte del Gobierno central. De hecho, esta liquidación implica una pérdida adicional de 4,9 millones de euros respecto a lo que se había prometido anteriormente.

Este descontento se agrava al observar que este recorte se suma a una serie de ajustes previamente implementados por el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, en cada actualización de los recursos destinados a Aragón.

En junio, el Gobierno central ya había aprobado un Real Decreto-Ley que implicaba una reducción de 7 millones de euros en las entregas a cuenta para el año 2025, una decisión que provocó la denuncia pública del Ejecutivo aragonés.

Además, los datos revelados para 2024 mostraron un trato desigual, ya que solo Aragón y Extremadura sufrieron reducciones en sus ingresos, siendo el impacto en Aragón particularmente significativo, con una caída del 1,7%. En contraste, otras comunidades experimentaron un incremento medio del 2,56% en sus recursos.

En total, los recortes acumulados por el Gobierno central a Aragón alcanzan los 97,5 millones de euros en 2025 en comparación con lo recibido en 2024, lo que representa un daño considerable a la financiación de servicios públicos vitales en la comunidad.

"Esto es un verdadero atropello a los intereses de Aragón", afirmó el consejero Bermúdez de Castro. "Mientras que con una mano se otorga más a Cataluña, con la otra se nos recorta casi 100 millones de euros".

Ante esta situación, el Gobierno aragonés no descarta la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales y está valorando solicitar una revisión detallada de los cálculos utilizados, ya que han identificado diferencias significativas en los criterios aplicados.

Asimismo, se denuncia el incumplimiento del compromiso del Ministerio de Hacienda respecto al ingreso de los atrasos en las entregas a cuenta, que el Ministerio prometió para el 18 de julio, ascendiendo a 61,5 millones de euros mensuales. Ahora, dicho ingreso se ha pospuesto para el 30 de julio, sin que se hayan ofrecido explicaciones ni garantías.

Por otro lado, el Ministerio aún no ha proporcionado la previsión de ingresos del Sistema de Financiación Autonómica para 2026, una información crucial para que Aragón pueda establecer su techo de gasto y elaborar los Presupuestos para el próximo año fiscal.

El consejero de Hacienda ha solicitado esta información por carta a la ministra Montero, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Asimismo, Bermúdez de Castro ha exigido que se envíen urgentemente los datos relacionados con las entregas a cuenta del ejercicio 2026 y la previsión de la liquidación correspondiente a 2024.

“No hay razón objetiva para no comunicar los importes provisionales de inmediato”, subrayó el consejero en su carta, indicando que estos datos son esenciales para definir el techo de gasto autonómico para 2026.

El Gobierno de Aragón sostiene que estos eventos subrayan la urgente necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica, incorporando criterios de equidad que permitan asegurar ingresos justos y suficientes para mantener los servicios públicos esenciales que la población necesita.