ZARAGOZA, 30 de enero. En una reciente sesión plenaria, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tomado la decisión de aprobar una moción presentada por el partido VOX, la cual recibió el respaldo del Partido Popular (PP) mientras que fue rechazada por el PSOE y Zaragoza en Común (ZeC). Esta moción se centra en la derogación de los requerimientos relacionados con la recopilación de datos personales de los viajeros que se hospedan en establecimientos turísticos, tal como dispone el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre.

Dicha normativa establece una serie de obligaciones referidas al registro y a la información que deben cumplir tanto las personas físicas como jurídicas que operan en el ámbito del alojamiento y el alquiler de vehículos motorizados. La reciente moción aprobada se inclina hacia la restauración de los lineamientos previos delineados en la Orden INT/1922/2003, del 3 de julio, los cuales concernían a los libros-registro y los partes de entrada de viajeros en los establecimientos turísticos, todo con el propósito de asegurar un balance adecuado entre la seguridad, la privacidad y la eficiencia administrativa.

Un tercer aspecto respaldado por el pleno busca la disminución de trámites burocráticos considerados “innecesarios”, que supuestamente perjudican al sector turístico. Este objetivo persigue reforzar la competitividad del sector y garantizar una estabilidad jurídica a largo plazo.

La concejal de VOX, Eva Torres, ha planteado duras críticas hacia el PSOE, argumentando que a este partido “no le interesa el sector”, puesto que el número de datos requeridos ha pasado de 10 a 43 en una aplicación destinada a este propósito, lo que conlleva una mayor carga para los establecimientos al tener que verificar y atender a posibles sanciones. Torres ha afirmado que, con las políticas promovidas por la izquierda, se está acercando al país a un "régimen franquista", donde el control excesivo se convierte en un sino del gobierno actual, restando prioridades a la verdadera seguridad en el sector.

Torres también ha alertado sobre los riesgos que la custodia de esos datos representa para la seguridad de la información sensible, como la bancaria. Según ha detallado, estos datos deben ser mantenidos durante tres años y las empresas tienen que cumplir con minuciosidad su verificación, enfrentándose a multas que pueden alcanzar hasta 30.000 euros, lo cual considera “desproporcionado”, ya que gran parte del sector está compuesto por micropymes con apenas un empleado.

“No me sorprende”, ha añadido Torres, “la defensa de la izquierda y ultraizquierda hacia este decreto, ya que no les importa el sector turístico. Este sector ha manifestado su oposición, dado que atenta contra la privacidad de las personas y ha llevado a los hosteleros a una situación caótica”.

En su intervención, la concejal de VOX también lamentó que el Gobierno de España no haya garantizado la viabilidad técnica de esta medida, argumentando que en el día de su entrada en vigor no estaba operativa la plataforma correspondiente, lo que evidencia, a su juicio, una clara falta de interés por parte del Ejecutivo.

“Esta normativa infringe la legislación europea sobre protección de datos”, afirmó, añadiendo que la reforma no solo aumenta la responsabilidad sobre la gestión de los datos, sino que también genera un desbarajuste en el registro de los viajeros. Según su análisis, tales medidas colocan a la industria turística en una desventaja competitiva, dado que en ningún otro país de la UE o América se exige una cantidad tan abrumadora de información.

Por su parte, la concejal del PSOE, Eva Cerdán, ha argumentado que la moción intenta regresar a los métodos de 2003. Destacó que el nuevo Real Decreto regula adecuadamente la situación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que anteriormente operaban en un limbo legal y que ahora brindan una mayor seguridad a los ciudadanos. Cerdán señaló que las fuerzas del orden como la policía y la Guardia Civil ahora cuentan con una base de datos unificada, permitiendo una mayor eficiencia y claridad en la información requerida.

Cerdán defendió esta centralización de datos como un avance en términos de seguridad, en respuesta a la crítica de que se exigen mayores datos para alojarse en un hotel que al realizar compras en línea.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, explicó que la moción se centra en un aspecto específico del Real Decreto y no aborda la normativa completa, instando al desarrollo de herramientas que permitan al sector emplear eficientemente el registro.

Fernández criticó el interés aparente del PSOE en el sector, señalando que la realidad es que solo buscan protagonismo en eventos como Fitur, donde se limitaron a escuchar quejas reiteradas sobre este tema.

Además, destacó que HORECA, la organización que representa a los hosteleros, también se oponía a estas medidas, expresando desconfianza sobre quién se encarga de manejar la información recabada. Fernández instó al PSOE a tomar en cuenta las preocupaciones que el sector ha planteado.

Finalmente, como viajera, Fernández reconoció que el Real Decreto introduce ciertas mejoras, pero sostiene que es esencial contar con un marco normativo claro antes de su aplicación efectiva. "Si en tres años no han sido capaces de elaborar una normativa adecuada, lo sensato sería dar marcha atrás para no perjudicar a los viajeros", concluyó.