El Tribunal Supremo (TS) ha tomado la decisión de ratificar la pena de prisión permanente revisable impuesta a una mujer y su pareja, quienes en un acto de brutalidad inigualable asesinaron a la hija de dos años de ella en Zaragoza en el año 2021. Este fatídico acto fue llevado a cabo con alevosía y ensañamiento, en un contexto de maltrato habitual que sufría la menor.

Los magistrados del alto tribunal han desestimado los recursos de casación interpuestos por ambos acusados, los cuales buscaban revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón. Este último organismo había confirmado con anterioridad la condena que había dictado un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial.

Adicionalmente, el Supremo ha sostenido la condena económica, que se eleva a un total de 280.000 euros. Esta indemnización, que es conjunta y solidaria, contempla pagos de 50.000 euros al padre de la niña, 50.000 euros a la abuela, y 90.000 euros para cada uno de sus dos hermanos, haciendo hincapié en la responsabilidad que tenían los condenados respecto al daño causado a la familia.

En su resolución, el tribunal rechazó el argumento presentado por la mujer y su pareja, quienes sostenían que la sentencia del TSJ no especificaba cuál de los dos era el autor material de la lesión letal que provocó la muerte de la menor. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aclaró que los hechos probados ilustran con claridad que ambos condenados actuaron de manera conjunta y concertada para causar la muerte de la víctima.

Los antecedentes del caso revelan que ambos, en su hogar en Zaragoza, sometían a la menor a maltratos físicos de manera constante. Estos abusos culminaron en una grave lesión: una rotura duodenal que condujo a una peritonitis, situación que requería de atención médica inmediata debido al alto riesgo que representaba para la vida de la niña.

La sentencia evidencia que la pareja decidió ignorar la gravedad del estado de la menor, optando por no avisar a los servicios médicos de urgencia incluso cuando la niña mostraba claros signos de angustia y pérdida de conciencia. En su lugar, pidieron auxilio a vecinos que, al intentar reanimarla, no lograron evitar la tragedia. Cuando finalmente los servicios de emergencia llegaron al lugar, tras realizar maniobras de reanimación, solo pudieron certificar la lamentable noticia de su fallecimiento.

La menor perdió la vida el 21 de enero de 2021, y la causa de su muerte está directamente vinculada a la negligencia de los condenados, quienes no buscaron atención médica urgente para tratar la peritonitis aguda resultante de la rotura duodenal, la cual había ocurrido 48 horas antes de su fallecimiento. La autopsia reveló que, además de la grave lesión interna, la pequeña presentaba hasta 101 marcas de lesiones externas, tanto recientes como antiguas, dejando en evidencia el sistemático abuso al que había estado sometida.

Durante las 48 horas previas a su muerte, los condenados no solo retrasaron la solicitud de atención médica, sino que también infligieron más maltrato a la menor, lo que resultó en un agravamiento deliberado e innecesario del sufrimiento que experimentó la niña en esos fatídicos días. Este caso despierta un profundo cuestionamiento sobre la protección de los más vulnerables y la severidad de las consecuencias que la justicia debe imponer en situaciones de violencia extrema contra los menores.