ZARAGOZA, 27 Oct. - El gobierno de Aragón implementará políticas valientes, arriesgadas e individualizadas en materia de despoblación y justicia, según ha adelantado el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco. Estas políticas estarán incluidas en el proyecto de presupuestos para el año 2024.

En una reunión con el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, Nolasco ha afirmado que estas políticas se darán a conocer en los próximos días con la presentación de los presupuestos autonómicos. El vicepresidente ha destacado la importancia de cambiar el paradigma y no seguir implementando las mismas acciones si se quieren obtener resultados diferentes en la lucha contra la despoblación.

Una de las líneas de actuación planteadas es la aplicación en Aragón del régimen fiscal similar al de las zonas ultraperiféricas, que incluye a regiones insulares y también a aquellas con escasa población. Según Nolasco, esta medida podría tener un impacto positivo en zonas como Huesca, Teruel y Zaragoza rural.

Otro aspecto abordado en la reunión fue la necesidad de agilizar la burocracia en el ámbito de la justicia. El Registro Civil, en particular, se encuentra con retrasos de hasta seis u ocho meses en trámites como los expedientes matrimoniales. Nolasco ha asegurado que se intentará solucionar esta cuestión en el próximo año, aunque muchas competencias en materia de justicia son estatales. El incremento presupuestario del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia permitirá atajar y agilizar aquello que dependa del Gobierno autonómico.

Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, ha destacado la importancia de preservar los derechos y libertades, así como la tutela del ordenamiento jurídico y la defensa del Estatuto de Autonomía. También ha presentado informes sobre sanidad y seguridad en el medio rural. Hernández ha señalado la necesidad de singularizar el medio rural y adaptar las normas y servicios a las zonas despobladas.

En el informe sobre sanidad en el medio rural se destaca la falta de medios personales y de incentivos para los profesionales. Además, se resalta la tendencia de la juventud a no querer ir al ámbito rural y que los incentivos económicos no son suficientes para revertir esta situación. En cuanto a la seguridad, se recomienda un llamamiento único para evitar que los aspirantes a las fuerzas de seguridad se concentren en la Policía Local de Zaragoza en detrimento de otras localidades de Aragón. También se propone concentrar los medios de la Guardia Civil en las cabeceras de comarca para agilizar su actuación.

Otro informe que se prevé publicar a principios de diciembre abordará las situaciones de riesgo en infancia y adolescencia, especialmente en acogimientos familiares. El objetivo es trasladar a las Cortes autonómicas la necesidad de reformar la ley de la Infancia y Adolescencia.

Por último, se plantea la cuestión de los pequeños municipios de la región y los medios administrativos de los que disponen. Se insta a los ayuntamientos a actuar con transparencia en contratación, pero se cuestiona si una localidad de tan poca población puede cumplir con todas las exigencias administrativas.

Javier Hernández, quien actualmente ejerce el cargo de Justicia en funciones, ha expresado su deseo de convertirse en el titular de la institución, aunque reconoce que la decisión corresponde a las Cortes de Aragón.