Nolasco lanza la creación de una Oficina antiokupación en Aragón.

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado con orgullo que los pliegos de la futura Oficina contra la Okupación Ilegal ya están redactados y supondrá un gasto plurianual.

Esta Oficina contra la Okupación, que contará con delegaciones en las tres capitales de provincia, ofrecerá un único número de teléfono al que cualquier afectado podrá llamar para recibir asesoría jurídica durante todo el proceso.

Nolasco ha destacado que la licitación estará abierta a profesionales del mundo del derecho, y ha informado a los medios de comunicación tras un encuentro con la Plataforma de Afectados del Gancho-Pignatelli, en el que también participó la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.

Según Nolasco, el fenómeno de la okupación ilegal ha afectado especialmente a ciertas zonas, argumentando que en 2023 hubo 15,289 denuncias por okupación en España, con un aumento del 8,9% en Aragón respecto a 2022, según datos del Ministerio del Interior.

El vicepresidente ha dejado claro que los okupas no son "familias vulnerables que necesitan una solución habitacional", sino "delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo, criminales que deben ser juzgados, desalojados y puestos a disposición judicial".

Con la nueva Oficina contra la Okupación Ilegal, Nolasco ha asegurado que "a esta gentuza se le va a acabar el chollo de seguir delinquiendo a sus anchas".

Nolasco ha alertado sobre la presencia de más de 20 edificios okupados ilegalmente en el entorno de Zamoray-Pignatelli, considerando que no se trata de familias vulnerables, sino de delincuentes. Ha calificado la situación como "terrible" para los vecinos y ha señalado que esta Oficina será clave para garantizar mayor seguridad en la región, criticando la protección que la Ley estatal de Vivienda brinda a los okupas en lugar de defender la propiedad privada.

Esmeralda Pastor ha lamentado la pasividad de los poderes públicos ante la "lacra" que representa la okupación, que va en contra de derechos constitucionales.

Por otro lado, el presidente de la Plataforma de Afectados Gancho-Pignatelli, Javier Magen, ha expresado su preocupación por la alta tasa de okupación en el barrio y sus consecuencias, como los "enganches a la luz" que han provocado incendios en tres edificios.

Magen ha destacado el miedo presente en la comunidad debido a la práctica de actos delictivos en los edificios okupados, y ha pedido un programa valiente de desokupación en la ciudad para abordar esta problemática.