TERUEL, 23 de julio. En un grave incidente que ha sacudido a la comunidad, un incendio en la planta baja de un centro para menores extranjeros no acompañados en la calle Comadre de Teruel ha sido determinado como presuntamente intencionado. La indagación policial ha revelado que uno de los residentes, quien está bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña, podría ser el responsable de este siniestro ocurrido en la madrugada del 11 de julio. Como consecuencia, al menos dos educadores del centro tuvieron que recibir atención médica por inhalación de humo.

En estos momentos, el fiscal encargado del caso ha impuesto medidas cautelares que incluyen el internamiento del menor en un régimen cerrado, permaneciendo en esta situación hasta que se celebre el juicio correspondiente. Tras la sentencia, el Gobierno de Aragón tiene la intención de solicitar el traslado del joven a Lérida, debido a que es la Generalitat de Cataluña la que ejerce la tutela sobre él, quien se había mudado a Teruel por decisión propia en mayo pasado.

Luego de su llegada a Teruel, el Ejecutivo aragonés solicitó a la Generalitat catalana la recogida del menor y su posterior traslado a su comunidad. No obstante, el servicio de menores de Lérida rechazó esta solicitud, manteniéndose firme en su decisión de no recoger al joven presuntamente implicado en el incendio.

Asimismo, Aragón tiene la intención de exigir a Cataluña que se encargue de los gastos de reparación por los daños ocasionados en el centro, una vez que se haya realizado una valoración de los mismos. También buscan que se cubran los costos de responsabilidad civil que puedan surgir si se emite una sentencia firme.

Desde el Gobierno de Aragón, se ha denunciado que la administración española está “desbordando” los sistemas de protección de menores en las comunidades autónomas, que han pasado de ser redes de protección a convertirse en estructuras de reforma que carecen de las herramientas y del personal especializado necesario para su adecuada gestión.

Actualmente, los educadores sociales siguen trabajando arduamente para garantizar la protección de los menores en situaciones vulnerables. Sin embargo, la presencia de este tipo de menores dentro del sistema presenta desafíos que superan las capacidades de los profesionales y su responsabilidad por los mismos.

El Ejecutivo regional ha reafirmado que la prioridad debe ser siempre el bienestar de los menores. En este sentido, sostiene que medidas como las actuales son fundamentales para resguardar a la mayoría de los menores que verdaderamente desean integrarse en la sociedad.