El pasado sábado, un numeroso grupo de manifestantes se reunió en Zaragoza para exigir la liberación de lo que se conoce como 'los 6 de Zaragoza', un colectivo de jóvenes que fueron condenados por su participación en disturbios ocurridos en enero de 2017 durante una protesta contra un mitin de VOX en los alrededores del campus San Francisco.

A pocos días de conmemorarse el primer año del ingreso en prisión de algunos de estos condenados, la plataforma organizadora de la manifestación se mobilizó para recorrer el centro de la ciudad. Partiendo de la Glorieta Sasera, los asistentes avanzaron por el Paseo de la Independencia y la calle Alfonso, alzando sus voces contra el Gobierno central y solicitando la liberación e indulto de los jóvenes encarcelados. La protesta culminó en la Plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno, donde se realizaron diversas intervenciones y se leyó un manifiesto.

Pablo Rochela, el portavoz de la plataforma, criticó la actuación de la Policía, acusándola de haber detenido de forma “aleatoria” a los seis jóvenes después de los altercados y cuestionó el papel de la judicatura al imponer penas severas “sin pruebas”. Rochela expresó su frustración hacia el Gobierno, que, según él, carece de voluntad política para resolver la situación, a pesar de tener el poder y la responsabilidad de liberar a los condenados y eliminar las leyes que podrían dar pie a incidentes similares en el futuro.

Rochela definió la naturaleza del juicio al señalar que “el único hecho probado es que los condenados participaron en una manifestación”, por lo que reclamó que sean considerados como presos políticos. Además, destacó la falta de avances sobre el indulto solicitado al Ministerio de Justicia, el cual cuenta con más de 10,000 firmas que respaldan la petición. El portavoz responsabilizó al Gobierno de coalición, particularmente a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y a la ministra aragonesa Pilar Alegría, por la prolongación de la prisión de los jóvenes.

La responsabilidad, según Rochela, también recae sobre todos los diputados que apoyan a este Gobierno, instándoles a actuar para evitar ser cómplices de lo que considera una injusticia. En cuanto a las condenas, se conoció que los cuatro detenidos mayores de edad recibieron penas que, tras una serie de apelaciones, varían desde seis años inicialmente condenados hasta cuatro años y nueve meses. Los dos menores de edad, por su parte, recibieron medidas menos severas, que incluyeron una multa y un año de libertad vigilada.

En una rueda de prensa el jueves anterior, Olga Belenguer, otra portavoz de la plataforma, compartió las difíciles circunstancias que enfrentan las familias de los condenados, quienes sufren tanto emocional como económicamente debido a los elevados gastos de mantener a un miembro en prisión. Belenguer también mencionó la delicada situación de salud mental de Imad, uno de los jóvenes encarcelados, revelando la existencia de un informe pericial que respalda su estado psiquiátrico. Los abogados de la plataforma han solicitado el tercer grado para que pueda recibir un tratamiento específico fuera de la prisión.

Sin embargo, según Belenguer, “Instituciones Penitenciarias” ha rechazado constantemente estas solicitudes, lo que evidencia una preocupante falta de sensibilidad y humanidad por parte de las autoridades responsables.