El pasado jueves, el Parlamento de Aragón celebró una sesión plenaria en la que se dio luz verde a una propuesta de VOX, impulsada por el diputado David Arranz, que busca otorgar a los vigilantes de seguridad en los centros de reforma de menores la consideración de agentes de la autoridad. Esta iniciativa contó con el respaldo del Partido Popular (PP), VOX y el Partido Aragonés (PAR), mientras que el resto de los grupos se opuso a la medida.

La sesión también fue una oportunidad para discutir la necesidad de llevar a cabo una reforma integral de la ley de seguridad privada. Entre las principales demandas se incluyó mejorar las condiciones laborales de los vigilantes, proporcionarles equipamiento moderno para su autoprotección y defensa ante agresiones, así como aumentar el número de personal de seguridad en los centros donde se presentan mayores conflictos. También se abordó la necesidad de establecer un plus por riesgo, optimizar la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, y formar adecuadamente a los trabajadores para combatir el intrusismo profesional en el sector.

Durante su intervención, Arranz expresó su consternación por el trágico asesinato de la trabajadora social Belén Cortés en un centro de reforma en Extremadura. Alertó sobre el creciente nivel de violencia entre los jóvenes en estos entornos, haciendo hincapié en la problemática de los menores extranjeros no acompañados y los integrantes de bandas delictivas, que, según él, a menudo incurre en delitos graves y se sienten impunes ante la ley.

El diputado de VOX cuestionó de manera contundente la escasa compensación que reciben los guardias de seguridad privada, refiriéndose al escaso plus de peligrosidad de solo 23 euros al mes como una “vergüenza”. Además, instó a adoptar medidas para reforzar la seguridad en los centros de menores, sugiriendo que esto incluya la consideración de los vigilantes como agentes de la autoridad y el aumento de su dotación en los lugares más complicados.

Por su parte, la diputada del PP Silvia Casas se mostró firme en su compromiso para mejorar la seguridad en los centros de reforma, subrayando las difíciles condiciones a las que se enfrentan estos profesionales. Hizo un llamado urgente para reformar el reglamento que regula la seguridad privada y dotarlo de mayores recursos.

Desde el PSOE, Carmen Dueso desestimó la línea de argumentos presentada por VOX, al tiempo que reafirmó su apoyo a mejorar las condiciones laborales y salariales del sector, pero especificó que el papel de negociar convenios colectivos recae en los sindicatos, no en las Cortes. Dueso destacó que uno de los problemas en el centro de Juslibol es la insuficiencia de recursos, sugiriendo que se debe aumentar la plantilla tanto en el ámbito educativo como en seguridad.

El representante de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, también se pronunció en favor de mejorar las condiciones laborales, pero consideró que la propuesta de VOX es “regresiva”, argumentando que los menores en los centros tienen derecho a una educación adecuada que no debería ser sustituida por un enfoque meramente represivo y de control.

La diputada Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, criticó cómo la iniciativa parecía desestimar la función educativa de los centros, señalando que los profesionales deberían ser considerados como trabajados sociales y no meramente como vigilantes de seguridad. Abogó por reforzar la seguridad, pero sin perder de vista su función educativa.

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, planteó que la discusión acerca de la seguridad merece un análisis más profundo y, con cierto sarcasmo, cuestionó si la intención de VOX es transformar los centros en cárceles. Calificó la propuesta como un “despropósito” y sugirió desarrollar un plan de intervención adecuado.

En el turno del PAR, Alberto Izquierdo defendió la propuesta, argumentando que es esencial que aquellos que desempeñan labores tan arduas y peligrosas cuenten con la formación y compensación adecuadas. Subrayó que la edad promedio de los profesionales de seguridad está aumentando, lo que es un reflejo de las precarias condiciones laborales que enfrentan.