En un movimiento unánime, la Comisión de Hacienda, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha avalado este lunes la propuesta al Gobierno regional de implementar un "Plan General de Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos" que abarque varios años. Esta decisión se ha tomado tras la aprobación de una moción presentada por el grupo parlamentario de Vox, logrando así apoyo generalizado en la cámara para los principales puntos.

El plan propuesto, según la moción, incluirá medidas concretas para su implementación, así como un informe económico detallado. Además, se establecerá la obligatoriedad de presentar dicho plan al Parlamento para su análisis y discusión durante una sesión plenaria.

Asimismo, se ha solicitado activar efectivamente la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos, creada en 2013. Para ello, se busca dotarla de los recursos humanos y técnicos necesarios que garanticen su independencia y efectividad, además de establecer un calendario de sesiones y un sistema de rendición de cuentas a través de informes periódicos.

La moción también aboga por la elaboración de un plan integral para mejorar la gestión presupuestaria, lo cual incluiría la organización del presupuesto autonómico por programas, la implementación de un sistema de contabilidad analítica, el fortalecimiento del control financiero en el sector público y la integración de la gestión de contrataciones en el ámbito de la salud bajo la Dirección General de Contratación del Gobierno de Aragón.

Además, se propone un Plan de Evaluación de Políticas Públicas que contenga un marco metodológico común. Esto abarcaría criterios objetivos y técnicas de análisis coste-beneficio, priorizando las políticas y programas a evaluar, así como la presentación de informes periódicos a las Cortes, incluida la revisión de aquellas políticas que resulten ineficaces.

Fermín Civiac, diputado de Vox, enfatizó que "los aragoneses tienen derecho a una gestión eficaz y transparente de los servicios públicos", haciendo notar que, en sus dos años de gobierno, la calidad de estos servicios no ha presentado mejoras significativas. Sin embargo, reconoció que la situación económica no es del todo adversa. "La falla está en la gestión", dijo, apuntando a desvíos en el gasto en sanidad y educación para el presupuesto de 2024.

El representante de Vox también exigió la elaboración de un plan integral que contemple una evaluación exhaustiva del rendimiento de cada euro invertido, demandando un control efectivo de los gastos en el sector de la salud, y sugiriendo que la contratación en este ámbito se gestione bajo la Dirección General de Contratación para obtener una mayor eficiencia.

Además, Civiac denunció que los incumplimientos legales por parte del Gobierno se han normalizado, haciendo un llamado a priorizar políticas de alto impacto. Insistió en la necesidad de un debate en las Cortes para abordar un plan de mejora de los servicios públicos y la reactivación de la Comisión de evaluación de las políticas públicas.

La falta de un "rumbo claro" en la Administración fue también un punto de crítica para Civiac, quien abogó por una gestión que no se conforme con la mediocridad, sino que sea eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos.

En respuesta, la parlamentaria del PP, Blanca Puyuelo, afirmó que el Gobierno ya había emitido una orden orientada a mejorar la gestión y que la contabilidad analítica cuenta con un fundamento legal sólido. Destacó que el área de la salud ya está siendo gestionada por la Dirección General de Contratación.

Desde el pasado abril, el Gobierno aragonés ha integrado la red española de evaluación de políticas públicas y ha apoyado la creación de una comisión de evaluación, además de presentar una enmienda oral.

El representante del PSOE, Óscar Galeano, se alineó con la opinión que critica al PP, sugiriendo que el Gobierno dirigido por Jorge Azcón se encuentra en una situación de parálisis. Propuso, a su vez, fortalecer los principios del marco normativo vigente en relación a la gestión presupuestaria en el contexto de la Agenda 2030.

José Luis Soro, portavoz de CHA, cuestionó la naturaleza constructiva de la moción de Vox, enfatizando la necesidad de un control financiero riguroso y una planificación presupuestaria que priorice el gasto orientado a resultados tanto en entornos rurales como urbanos.

Por su parte, Tomás Guitarte, representante de Aragón-Teruel Existe, se preguntó si Vox realmente defiende el medio rural o solo la eficacia económica, resaltando que tal enfoque podría llevar al cierre de centros de salud en zonas rurales.

Finalmente, el diputado de IU, Álvaro Sanz, interpeló a Civiac sobre el futuro de los presupuestos y el estado de las negociaciones con el PP. Defendió la importancia de evaluar la privatización de servicios públicos y criticó la postura de Vox, que considera demasiado centrada en la economía, restando valor al aspecto social del gasto público.