La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a la explotación laboral de inmigrantes en situación irregular en el campo. La operación comenzó en marzo y finalizó el pasado mes de mayo. Se sospechaba de mano de obra en situación irregular trabajando para una importante empresa agrícola en Sariñena (Huesca), Mallén, Quinto y Pina de Ebro en la provincia de Zaragoza.

La primera inspección se realizó en la localidad de Quinto, donde se identificó a treinta trabajadores, de los cuales cinco portaban documentación de otras personas con las que se habían dado de alta en la Seguridad Social. Las investigaciones posteriores y las declaraciones de los trabajadores en situación irregular, descubrieron que se encontraban en las mismas circunstancias y que cobraban cinco euros por hora trabajada, sin seguridad social, en viviendas inadecuadas.

En mayo, se desplegó un importante dispositivo policial en los municipios de Sariñena, Quinto de Ebro y Pina de Ebro, identificando a más de 40 trabajadores. Seis de ellos estaban utilizando la documentación de otras personas lo que confirmó las sospechas de la Policía. Sin embargo, en una zona inspeccionada, algunos trabajadores irregulares lograron salir corriendo y esconderse para evitar ser identificados.

Finalmente, se detuvo a los dos capataces responsables de las contrataciones y a un conocido empresario. Los extranjeros titulares de los permisos de residencia y trabajo, conocidos como facilitadores, se encuentran dispersos por toda España y aún no han sido detenidos.

También se detuvo a la madre de un menor de 16 años de origen gambiano y con nacionalidad española. Esta madre había proporcionado el DNI de su hijo para que otro extranjero en situación irregular lo utilizara de forma fraudulenta.

La empresa agrícola vulneraba los derechos laborales de los trabajadores en situación irregular, obligándolos a vivir en condiciones precarias y a trabajar en condiciones por debajo del empleo normal en cuanto a sus derechos, salarios, descansos, vacaciones, horarios y finiquitaciones. Incluso se daba el caso en que los trabajadores eran coaccionados para vacunarse y trabajar para otros empresarios. La Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza y la de Huesca abrieron expedientes sancionadores por las irregularidades detectadas en colaboración con la Policía Nacional.