El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha tomado una decisión crucial este miércoles al aprobar de manera unánime una moción que respalda la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la Cereza de Calatayud y el Aranda. Esta iniciativa fue presentada por los partidos que componen el gobierno, entre ellos el PSOE, En Común-IU y CHA.

Durante la sesión, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, destacó la relevancia de esta iniciativa, considerando que es una "oportunidad histórica" que trasciende las diferencias partidistas. Compés hizo hincapié en las condiciones geográficas, como la altitud y el clima que favorecen el cultivo de estos árboles, lo que a su vez da lugar a la producción de un fruto con características organolépticas únicas. Sin embargo, subrayó que lo verdaderamente distintivo de esta cereza es la dedicación y pasión que los agricultores aportan a su cultivo.

Compés subrayó que la IGP no debe ser vista como un simple distintivo comercial, sino como una necesidad estratégica que fomenta un modelo de producción sostenible, asegura "precios justos" y ayuda a alcanzar el merecido reconocimiento en el mercado. Añadió que el desarrollo rural está intrínsecamente ligado a la agricultura, afirmando que el sector primario es sinónimo de empleo, cultura agrícola y paisaje, por lo que la creación de esta figura debe complementarse con acciones concretas.

Desde el Partido Popular, Iluminada Ustero enfatizó que el impulso hacia la IGP para la cereza ha cobrado fuerza gracias al respaldo del Gobierno de Aragón y la colaboración activa de productores, cooperativas y ayuntamientos. Sin embargo, criticó que en épocas de gobiernos socialistas no se ha avanzado porque falta voluntad política y recursos financieros. Ustero aseveró que desde 2018 no se han realizado esfuerzos significativos, contrastando con la labor del actual consejero de Agricultura, Javier Rincón, quien está asesorando a los productores en su solicitud de declaración de IGP.

La representante del PP no dudó en reprochar al PSOE que parecen más interesados en "colgarse una medalla" que en el bienestar de los agricultores. Aunque votó a favor de la moción, observó que el apoyo mencionado en el texto es más técnico que económico.

El diputado de Vox, Carlos Rodrigo, expresó su "firme respaldo" a la creación de la IGP, argumentando que es un paso fundamental para proteger los productos locales, el paisaje y a quienes trabajan la tierra. A pesar de ello, aprovechó la oportunidad para criticar la burocracia del Gobierno, los altos impuestos y los costos exorbitantes que enfrentan los agricultores, además de señalar los riesgos que implica abrir las puertas a productos de Marruecos que no cumplen con estándares elevados.

"Nuestros agricultores no quieren caridad, quieren respeto", enfatizó Rodrigo, quien también exigió la suspensión de acuerdos comerciales con naciones que aplican estándares de calidad más bajos, además de solicitar cláusulas espejo para las importaciones. También pidió que las ayudas destinadas al campo marroquí se reorienten hacia la agricultura en España, garantizando así el uso de prácticas agrícolas responsables.

Por parte de En Común-IU, Nerea Marín mostró su apoyo a la IGP, señalando su importancia en la protección del territorio, el desarrollo sostenible y la preservación de la identidad cultural. Mientras tanto, José Manuel Latorre de CHA consideró que si bien la IGP es un paso positivo, es insuficiente si no viene acompañada de un "compromiso real". Reclamó que los productores deben proporcionar la documentación necesaria al Gobierno de Aragón, que luego se enviará al Ministerio de Agricultura y finalmente a la UE.

En este sentido, Latorre instó al Gobierno regional a ofrecer recursos financieros que permitan a los productores cubrir los estudios técnicos requeridos para la solicitud de IGP, que él estima en unos 50.000 euros, calificando esta cantidad como "asumible".