La Diputación Provincial de Zaragoza ha sido el escenario de una intensa jornada política este lunes, donde se ha decidido, a través de una votación, exigir la renuncia de Maricarmen Lázaro, portavoz del PP en la institución. Esta moción ha surgido tras las acusaciones infundadas que ha hecho Lázaro contra los funcionarios de la Diputación, así como contra Marina Sevilla, responsable de la Administración Local del Gobierno de Aragón, sobre la gestión de puestos vacantes en diferentes entidades locales.

La procedencia de esta moción se debe a los apoyos recibidos por parte de PSOE, En Común-IU y CHA, quienes, a su vez, defendieron la importancia de preservar la independencia y profesionalidad de los trabajadores públicos, instando a los partidos a actuar con respeto y evitar ataques que solo buscan debilitar a la administración pública por motivos partidistas.

Desde el PSOE, se justificó la necesidad de convocar esta sesión extraordinaria debido a las repetidas declaraciones agresivas de miembros del PP, las cuales, según aseguraron, han cruzado la línea de lo que se considera un debate democrático, dirigiendo ataques directamente hacia técnicos y funcionarios municipales. Especialmente, se ha criticado a Lázaro por insinuar motivos políticos detrás del trabajo de los empleados públicos.

Las acusaciones que se han materializado en esta controversia están ligadas a un suceso en Aguarón, donde se insinuó que algunos diputados del PP habían insinuado que la Diputación estaba involucrada en irregularidades locales, especialmente a raíz de la supuesta asistencia de un secretario del Ayuntamiento de Tobed a una reunión sin el debido respaldo administrativo.

El polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, ha sido señalado por el PP debido a una adjudicación a un familiar y por supuestas irregularidades en la recepción de dietas. Este escándalo ha llevado a que la directora general de Administración Local envíe un informe al ministerio fiscal, por lo que se podría estar ante un caso delictivo.

Durante el desarrollo de la sesión, el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, sugirió retirar del orden del día los puntos sobre dimisiones, una propuesta que finalmente fue desechada por quienes impulsaron la moción. El portavoz socialista, Francisco Compés, defendió la labor de los funcionarios y denunció la actitud provocadora del PP, sugiriendo que estos buscaban más un espectáculo que resolver problemas comunitarios.

Compés destacó que este tipo de ataques contra la integridad de los empleados públicos no deben ser tolerados, pues constituyen una grave amenaza a la imagen y al trabajo que desempeñan en beneficio de la ciudadanía. Además, criticó a Sevilla por haber llevado los supuestos delitos a la Fiscalía antes de que la Cámara de Cuentas tomara cartas en el asunto, lo que consideró un comportamiento inapropiado.

Por su parte, Maricarmen Lázaro respondió a las acusaciones tildando la moción de mera estrategia para desviar la atención del caso Cucalón, que ha cautivado la narrativa de la oposición. Defendió que, si el alcalde sigue en su cargo bajo el paraguas del PSOE, es una clara demostración de hipocresía por parte del partido.

Lázaro también cuestionó la protección que, a su juicio, Sánchez Quero otorga a Cucalón, preguntándose qué compromisos existen entre ambos actores políticos. En su respuesta, el presidente de la DPZ recordó la relevancia de actuar por el bien de los ciudadanos y no por intereses de partido, enfatizando que la situación actual no debería desviar la atención de las necesidades reales de la comarca.

Desde la bancada de Vox, Carlos Rodrigo reiteró su negativa a apoyar la moción, arguyendo que esta contenía un enfoque parcial que podría crear un peligroso precedente. En contraste, la diputada de En Común-IU, Nerea Marín, subrayó la importancia de dejar que los tribunales se pronuncien sobre los casos en cuestión en lugar de actuar como verdugos en el panorama político.

Desde la perspectiva de CHA, José Manuel Latorre lamentó que la política local se haya convertido en un juego de acusaciones recíprocas, haciendo un llamado a centrarse en la resolución de los problemas que verdaderamente afectan a los municipios, especialmente en la escasez de secretarios e interventores en diversas administraciones locales.