ZARAGOZA, 9 de junio. La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón propondrá en la próxima reunión de la Comisión de Bienestar Social y Familia una serie de mejoras a la prestación complementaria que el gobierno aragonés ofrece junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según sus cálculos, muchas familias no están recibiendo ni una ni otra ayuda.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, junto a Marga Deyá, responsable de Derechos Sociales y Feminismo del partido, han denunciado la insatisfacción con la presta­ción autonómica, a la que consideran insuficiente y "miserable". Sus datos revelan que en 2024, tan solo 61 aragoneses recibieron dicha ayuda, frente a los 16.000 que sí accedieron al IMV.

El parlamentario ha exigido al Gobierno de Aragón que asuma su responsabilidad y establezca políticas de garantía de rentas que respondan efectivamente a las necesidades de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Sanz subrayó que la falta de acción puede considerarse un acto de desinterés por parte del ejecutivo, al que acusa de estar más concentrado en la propaganda que en abordar los problemas de desigualdad y pobreza.

Esta solicitud no es nueva, según Sanz. El diputado mencionó un informe reciente de la Red Aragonesa de Inclusión Social, que reveló que de un grupo de 1.700 personas en situación de vulnerabilidad, solo el 22% (256) percibía alguna de las dos ayudas, lo que evidencia la ineficacia de las políticas actuales.

Sanz recordó que ya habían denunciado esta situación en la legislatura anterior, cuando el Partido Popular también criticó la falta de apoyo adecuado. Por ello, insistió en que el gobierno actual debe actuar para cumplir sus compromisos.

En sus declaraciones, comparó la prestación actual con el anterior Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que en 2020 contó con un presupuesto de 53 millones de euros al año, mientras que la ayuda complementaria de 2024 solo representa una fracción de esa cantidad, alcanzando apenas 2,5 millones.

El parlamentario de IU afirmó que la situación de pobreza no ha mejorado y que aunque el IMV ha beneficiado a muchas personas, todavía hay un gran número de ciudadanos que requieren apoyo adicional. Propuso al Gobierno de Aragón que deje de escudarse en la fórmula estatal y cumpla con sus obligaciones autonómicas.

Marga Deyá también expresó su preocupación por la deficiencia en las respuestas del Gobierno aragonés a los problemas actuales, citando los contrastantes números de beneficiarios entre el IMV y la prestación autonómica complementaria. Deyá puntualizó que aunque el IMV ofrece una base, las comunidades deben desarrollar sus propias políticas para abordar todas las necesidades sociales.

Recordó que la legislación existente en Aragón permite la inclusión de diferentes colectivos en la normativa, lo que no se ha cumplido hasta la fecha, dejando a muchas personas sin la ayuda que necesitan.

Por tal motivo, IU propone la realización de un estudio en los próximos tres meses para identificar a estos colectivos, para así ajustar la prestación aragonesa a la realidad social. Además, se busca que cualquier resultado de este estudio sea incorporado al reglamento para finales de 2025 y que se establezca una comisión de seguimiento para revisar y actualizar la prestación con el tiempo.

Por último, Deyá sugirió la creación de una "ayuda de urgencia" destinada a aquellas personas que están en proceso de recibir el IMV pero que aún no lo han cobrado. Subrayó que esta ayuda está contemplada en la ley, pero que nunca ha sido implementada. Deyá concluyó afirmando que el Gobierno de Aragón tiene la capacidad para actuar; sin embargo, lo que falta es voluntad política para llevar a cabo estas iniciativas.