ZARAGOZA, 26 de septiembre. En una reciente reunión del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo aragonés ha decidido expresar su oposición al Anteproyecto de Ley Orgánica destinado a implementar medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. La vicepresidenta Mar Vaquero ha calificado este proyecto como "una falsedad que intenta disimular una condonación de deudas".

Después de la sesión, Vaquero no dudó en criticar el anteproyecto, describiéndolo como "injusto y carente de arbitrariedad". Resaltó que este plan no aborda de manera efectiva la falta de financiación de los servicios públicos en Aragón, advirtiendo que podría resultar en una carga mayor para los ciudadanos, con un incremento en la deuda per cápita de 253 euros. También enfatizó que, según los análisis del Ministerio de Hacienda, se debería garantizar a Aragón un monto de quita superior a lo propuesto.

En su escrito de alegaciones, el Gobierno de Aragón resalta que es imperativo actualizar el sistema de financiación autonómica a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sugiriendo que el documento actual no soluciona los desafíos financieros de la Comunidad. Según el Ejecutivo, esta propuesta responde más a las necesidades políticas de ERC para sostener al PSOE en el poder, más que a un verdadero interés por resolver la situación de financiación autonómica.

La vicepresidenta también destacó que esta legislación, que no ha sido consensuada con las comunidades autónomas, no puede ser adoptada en su actual forma. Además, reiteró que el AiREF ha señalado que los recursos liberados no podrán ser utilizados para los servicios públicos esenciales.

El documento de alegaciones subraya que el anteproyecto infringe principios fundamentales de la Constitución, como la igualdad y la solidaridad entre territorios, así como la estabilidad presupuestaria. Se advierte que esta supuesta condonación se traduce en una simple transferencia de deuda al Estado, lo que, en efecto, crea una carga desigual y perjudicial para Aragón.

Según el Gobierno aragonés, el método de distribución de la deuda premiará a aquellas comunidades que manejan un mayor endeudamiento de manera irresponsable, en detrimento de las que han llevado a cabo una gestión financiera más prudente. Las alegaciones indican que esta situación podría generar un peligroso riesgo moral, desincentivando la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Por último, el Ejecutivo solicita que se detenga la tramitación del anteproyecto hasta que se enmarque una reforma del modelo de financiación que asegure recursos suficientes para los servicios públicos y una distribución equilibrada entre las diferentes territorios.