El Gobierno de Aragón tendrá que hacer frente a un pago pendiente de 1.397.747,13 euros a Renfe Viajeros correspondientes al ejercicio 2017. Esto se hace con el objetivo de evitar una sentencia desfavorable y evitar un costo aún mayor para las arcas de la comunidad autónoma.

Entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, existió un contrato entre el Gobierno de Aragón y Renfe para regular los servicios ferroviarios de interés regional. Luego de que el contrato finalizara en 2016, Renfe siguió prestando el servicio mediante acuerdos excepcionales con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y el exconsejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

Estos acuerdos implicaban que el Gobierno regional cubriera el déficit de explotación del servicio, es decir, pagar la diferencia entre los costos de operación y los ingresos por la venta de boletos.

En 2017, Renfe presentó una propuesta de liquidación que incluía un incremento notable en los costos de operación debido a un aumento en los cánones de acceso a las infraestructuras ferroviarias gestionadas por el ADIF.

El 4 de mayo de 2018, el director general de Transportes del Gobierno de Aragón en ese momento expresó su desacuerdo ante el incremento de costos en la comisión de seguimiento del contrato con Renfe.

A principios de 2019, se firmó un acuerdo de liquidación donde el Gobierno de Aragón aceptaba la liquidación presentada, pero sin incluir el incremento de cánones. Sin embargo, Renfe se ratificó en la liquidación inicial y solicitó el pago de 5.642.400,17 euros.

En diciembre de 2022, Renfe Viajeros volvió a solicitar el pago de los 1,4 millones de euros derivados del incremento de cánones por parte de ADIF. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Aragón, Renfe Viajeros ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Para evitar una posible sentencia en contra y el pago de intereses adicionales, el actual gobierno de Aragón va a proceder a la liquidación reclamada por Renfe.