
El pasado jueves, durante su visita a Teruel, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP), reafirmó el compromiso de su partido con los productores y emprendedores españoles que operan dentro de la Unión Europea, tras la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar nuevos aranceles.
Fúnez instó al Gobierno español a reunirse "lo más pronto posible" con las comunidades autónomas y los sectores económicos afectados, como la agricultura, la ganadería y la industria del acero, para desarrollar una estrategia de respuesta adecuada. "Es importante que esta respuesta sea firme", remarcó, añadiendo que "no se trata de atacar a Trump, sino de evitar la sumisión" ante sus decisiones comerciales.
Además, la dirigente del PP destacó que la declaración del IRPF de este año enfrentará complicaciones, a raíz de las numerosas subidas de impuestos implementadas por Pedro Sánchez desde su llegada al poder, que han resultado en un incremento medio de 1.100 euros en la carga fiscal para las familias de clase media. "Estas decisiones están limitando las oportunidades para los españoles, solo con el objetivo de incrementar la recaudación del Estado", afirmó.
Fúnez también criticó la decisión del Gobierno de prorrogar, por tercer año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado, lo que considera una violación de la Constitución y una muestra de falta de dirección económica. En este sentido, enfatizó que "mientras se mantengan los mismos impuestos, no puede haber una política económica efectiva".
“Resulta casi imposible para un joven sin empleo o con un contrato inestable lograr independizarse”, subrayó, al tiempo que presentó el Plan Nacional de Vivienda de Feijóo, que incluye más de 50 medidas concretas y una reforma de la Ley del Suelo. "Este plan busca fomentar la construcción de más viviendas, reducir impuestos y brindar seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos", agregó.
En otra crítica, la vicesecretaria del PP se refirió a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, a quien acusó de mantener "paralizada" la Ley Antiocupación del PP, que fue aprobada en el Senado hace más de un año. Esta legislación permitiría desalojo de ocupas en menos de 24 horas, dada la consideración del partido de que la ocupación ilegal es un delito y no una solución habitacional.
Por último, Fúnez afirmó que el Partido Popular está "cada vez más consolidado" en la provincia de Teruel, recordando que en las últimas elecciones generales obtuvo la mayoría de votos y un aumento del 2% en los resultados de las europeas. "Esto nos responsabiliza aún más a luchar por los intereses de Teruel y a trabajar por su futuro cuando Feijóo se convierta en presidente del Gobierno", concluyó.
En el contexto local, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, coincidió en que la vivienda es "uno de los aspectos más preocupantes de España" y pidió "acciones claras" del Gobierno central. Anunció que en la ciudad se planea construir entre 90 y 100 viviendas para jóvenes en parcelas del Ayuntamiento, apoyadas por el Gobierno de Aragón, y que también se destinarán subvenciones para rehabilitar inmuebles con fines de alquiler.
Actualmente, Teruel cuenta con alrededor de 3.000 viviendas deshabitadas. "Es fundamental garantizar la seguridad jurídica" para potenciar el mercado del alquiler, así como facilitar los procesos en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), impulsando así el desarrollo de terrenos establecidos en la documentación del Ayuntamiento.
Finalmente, Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), recordó que el anterior Gobierno de Aragón promovió la construcción de 86 viviendas en toda la comunidad, contrastando esto con el Plan Aragón Más Vivienda del actual Ejecutivo de Jorge Azcón, que se enfoca en intervenciones en municipios turísticos y de menor población.
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