El día de ayer en Madrid, el Tribunal Constitucional (TC) tomó la decisión de aceptar los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria y Extremadura. Estos recursos cuestionan la distribución de menores migrantes no acompañados en el territorio español, un tema que también fue abordado previamente por la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso.

Los recursos se centran en el polémico Real Decreto-ley 2/2025, datado el 18 de marzo, que establece medidas urgentes para asegurar la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones excepcionales de migración. Este decreto ha generado un amplio rechazo entre diversos gobiernos autonómicos, quienes lo consideran inadecuado y legislativo poco transparente.

Las comunidades impugnantes argumentan que el decreto en cuestión infringe normas constitucionales que rigen la adecuada elaboración de leyes vinculadas a derechos fundamentales. Además, sostienen que establece un puente entre las facultades del Estado y las competencias autonómicas, socavando los principios de autonomía y solidaridad territorial.

El 29 de abril, el Tribunal Constitucional ya había admitido el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el mismo decreto. En esa ocasión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, advirtió que el sistema de reparto es "discrecional" y que responde a acuerdos políticos con Junts, lo que se interpreta como un intento del presidente Pedro Sánchez por conservar el poder mediante el apoyo de partidos en el Parlamento.

El informe elaborado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el decreto es inconstitucional. Alega que la responsabilidad inicial de acoger a menores migrantes corresponde únicamente a las comunidades autónomas, quienes tienen dicha labor asignada en sus estatutos en lo que respecta a la protección de la infancia.

Asimismo, se argumenta que dicho decreto va en contra de la lealtad y solidaridad administrativas, dado que su implementación se realizó sin el consenso de las comunidades autónomas afectadas. También se critica el aspecto financiero, ya que no se garantiza la inversión económica necesaria para la adecuada atención a los menores que sean trasladados.

En resumen, desde la perspectiva del Partido Popular, el real decreto carece de un fundamento sólido y desplaza a los menores migrantes no acompañados de manera irrazonable, sin asegurar que se priorice su bienestar y asistencia efectiva durante el proceso.