El 26 de septiembre en Zaragoza, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad, Iván Carpi, ha expresado su satisfacción ante la decisión del Gobierno de Aragón de que el nuevo hospital Royo Villanova será de gestión pública. Sin embargo, ha calificado esta intención como "un mero anuncio sin sustento", debido a la falta de terrenos, proyecto, presupuesto y personal médico para llevarlo a cabo.

Carpi ha recordado las afirmaciones del consejero sobre la previsión de que el proyecto comience en 2026, con la posibilidad de que las obras arranquen en 2027 y estén finalizadas en un plazo de 2 a 3 años. Este escenario, indicó, dejaría la apertura del nuevo centro para el año 2030, en el mejor de los casos. Además, el portavoz socialistas ha criticado la gestión del actual Gobierno bajo la dirección de Azcón, quien ha tardado más de dos años en completar los hospitales de Teruel y Alcañiz, que el anterior Ejecutivo socialista dejó a más del 80% de su desarrollo terminado.

El diputado insistió en que si se ha tardado tanto en realizar solo el 20% de los nuevos hospitales de Teruel, es difícil imaginar que puedan construir un nuevo hospital en un plazo breve. También mencionó el caso del Centro de Salud del Perpetuo Socorro en Huesca, que completó sus obras en junio pero que no entrará en funcionamiento hasta al menos el primer trimestre de 2026, según las declaraciones recientes de Azcón.

Carpi destacó, en tono irónico, que el "espectacular" ritmo de trabajo del Gobierno de Azcón se evidencia en el proyecto de un anexo que incluirá 54 habitaciones individuales en el hospital de Teruel, cuya propuesta fue aprobada en diciembre de 2023, pero de la que aún no se tiene certeza sobre la finalización del proyecto ni el inicio de las obras.

En este contexto, el portavoz socialista instó al Gobierno de Azcón a prestar atención a las manifestaciones en defensa del Hospital de Barbastro, reiterando la necesidad de no trivializar las demandas sanitarias de la región.

Finalmente, Carpi subrayó que el Gobierno de Azcón debe estar más receptivo a las preocupaciones de los ciudadanos, quienes sienten en carne propia el deterioro de los servicios públicos y la falta de atención a sus reclamaciones.