El pasado 26 de mayo, desde Zaragoza, se escucharon fuertes críticas por parte del portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, quien se ha mostrado firme en su rechazo a cualquier intento de privatizar la donación de sangre en la región. Carpi ha señalado una preocupante falta de transparencia por parte del Banco de Sangre, lo que ha encendido las alarmas entre los socialistas.

Durante una reciente declaración, Carpi expresó su inquietud al descubrir que la actual jefa de los servicios jurídicos del Banco de Sangre es una figura vinculada al Partido Popular, quien, además, ocupa un cargo relevante en la estructura del PP en Zaragoza. Esta revelación ha avivado las demandas de mayor claridad en el manejo y dirección de la entidad encargada de gestionar la donación de sangre.

El portavoz socialista manifestó su preocupación sobre la dirección que está tomando el Banco de Sangre, bajo la administración de Rosa Plantagenet-Whyte. Según Carpi, la actual directora parece estar generando conflictos internos y llevando la gestión hacia un camino de ineficiencia, lo que podría allanar el terreno para privatizar ciertos aspectos de la institución, creada en 2005 con carácter público.

Carpi subrayó la importancia de mantener una atmósfera de seguridad y tranquilidad dentro del Banco de Sangre, instando a Plantagenet-Whyte a no instrumentalizar a las asociaciones y donantes en sus disputas públicas. El socialista enfatizó que es momento de sentarse a dialogar y no fomentar divisiones entre aquellos que apoyan la causa de la donación de sangre.

En un tono esperanzador, Carpi ha solicitado al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que aclare las estrategias futuras planificación de la institución. Además, el grupo socialista está preparando varias propuestas para aclarar el cronograma de actuación y proyectos que afectan la donación de sangre en Aragón.

El portavoz del PSOE también exigió a la directora que cese cualquier forma de amenaza hacia los empleados del Banco de Sangre, argumentando que su función debería ser la de construir consensos, no conflictos. Insistió en que se prioricen los acuerdos y se fomente el trabajo conjunto entre todos los involucrados en la donación de sangre.

Asimismo, Carpi mostró su firme oposición a la propuesta de establecer un centro de atención telefónica para gestionar las donaciones, una medida que, según él, podría deslegitimar el papel de las asociaciones de donantes. El socialista advirtió que cualquier intento de privatización parcial del Banco de Sangre no será tolerado por su grupo parlamentario.

En su llamado a la transparencia, Carpi cuestionó las razones detrás de la designación de la jefa de servicios jurídicos y su conexión con el Partido Popular, pidiendo claridad sobre su función y rol dentro de la organización. “Solo pedimos transparencia”, insistió.

También planteó dudas sobre la velocidad con la que se realizan las contrataciones dentro del Banco de Sangre, aludiendo a un caso donde la contratación de un jefe de logística se procesó en tiempo récord, mientras que otras tardan varios meses. Esto genera interrogantes sobre la eficacia y la rectitud del procedimiento de contratación dentro de la entidad.

Por último, Carpi mencionó una situación en la que se había encargado un informe a una persona ajena al proceso de contratación, lo que también podría levantar sospechas sobre la ética organizativa del Banco de Sangre. La preocupación por la dirección que podría tomar esta institución pública sigue en el centro del debate político aragonés.