En Zaragoza, el 22 de agosto, se ha desatado un debate importante sobre la atención temprana a menores en la comunidad aragonesa. Pilimar Zamora, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes, ha arremetido contra el Gobierno autonomista, acusándolo de implementar una privatización encubierta en los servicios destinados a niños con necesidades de atención temprana. Zamora ha instado a las autoridades a desarrollar una estrategia integral en un período de seis meses que aborde la disminución de los tiempos de espera, fomente la cooperación entre diferentes departamentos, eleve la calidad del servicio y ajuste la normativa vigente mientras se asignan los recursos necesarios.

La diputada del PSOE ha puesto de manifiesto que un gran número de menores en Aragón todavía está a la espera de ser evaluados o de recibir el tratamiento correspondiente en cuanto a Atención Temprana. Según sus estimaciones, a finales del presente año, los niños enfrentaban un tiempo de espera aproximado de tres meses para ser valorados, y un periodo medio de seis meses entre la valoración y el inicio del programa.

Además, Zamora ha criticado la reciente publicación de una orden de ayudas, a la que califica como una fachada que enmascara un sistema privatizador. Afirma que esta acción limita el fortalecimiento de los equipos de valoración y tratamiento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y que impide la expansión de equipos itinerantes, que han demostrado una notable efectividad en la atención a estas necesidades.

La portavoz ha recordado que un informe anual del Justicia ya había destacado las inquietudes de las familias sobre las demoras en el acceso a la evaluación y tratamiento adecuados para sus hijos. Este informe también advierte sobre la intención de ampliar el estudio del tema para el año 2025, lo que resalta la urgencia de actuar en un área que debería ser prioritaria para cualquier gobierno.

Zamora ha enfatizado la necesidad de modificar la manera en que se prestan estos servicios para adaptarse a la demanda en aumento y minimizar los tiempos de espera para las valoraciones. Ha reiterado que no es suficiente con fortalecer solo la valoración, ya que, a pesar de que los derechos de los niños a acceder a estos servicios están reconocidos, en la práctica no están recibiendo la atención necesaria a través de la red pública.

Asimismo, ha solicitado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que cumpla con su compromiso de establecer dos nuevos equipos itinerantes, una medida que ya había demostrado ser eficaz bajo la administración anterior al reducir listas de espera y brindar atención cercana, evitando que los menores y sus familias tengan que desplazarse a centros lejanos en Zaragoza u otras cabeceras comarcales.

Zamora ha criticado severamente la posible privatización de un servicio fundamental que ha sido público durante tantos años, aludiendo a una posible generación de desigualdades. Según ella, muchos niños y niñas podrían quedar excluidos de estas ayudas, en especial aquellos cuyas familias no tengan la capacidad de adelantar los costos de tratamientos, condenándolos a permanecer en listas de espera.

En su análisis, ha afirmado que esta es la misma tendencia del presidente Azcón en relación a los sectores de salud y educación, y ha lamentado que esta medida discrimine a las familias de menores recursos, vulnerando su derecho a recibir atención oportuna y adecuada.

Zamora ha señalado que, de los 200.000 euros destinados a estas ayudas en 2024, sólo se gestionaron 50.000, lo que resulta en una inejecución significativa que podría haber servido para fortalecer la atención pública.

Recientemente, la partida se ha incrementado hasta cinco veces, alcanzando 500.000 euros, pero esto implica una redistribución de recursos de otras medidas en lugar de fortalecer realmente el sistema público. La parlamentaria cuestiona cómo esta nueva política ayudará a las familias con más necesidades, especialmente en áreas rurales donde el acceso a centros de tratamiento es más complicado.

Finalmente, ha demandado un refuerzo en las unidades de Atención Temprana y en los equipos itinerantes que operan en áreas rurales, defendiendo la continuidad de un modelo que se demostró exitoso el año pasado. Zamora advierte que la modificación de la atención pública y concertada que ha sido ejemplo en otras comunidades autónomas durante más de dos décadas pone en riesgo la calidad del servicio para aquellos que realmente lo necesitan.