El 8 de septiembre en Zaragoza, la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón ha dado un paso importante al aprobar de manera unánime una nueva iniciativa. Su objetivo es fortalecer la protección de los consumidores contra los fraudes financieros, los cuales son en gran medida perpetrados a través de engaños relacionados con inversiones en criptomonedas.

Esta propuesta, impulsada por el PSOE, contó con el apoyo de todos los miembros de la Comisión. La iniciativa también contempla mejorar la difusión de información preventiva, especialmente dirigida a los jóvenes, sobre las tácticas que los ciberdelincuentes emplean para llevar a cabo sus delitos, según lo reseñado por la Cámara.

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, defendió esta medida afirmando que es esencial establecer mecanismos de concienciación que protejan al consumidor. Villagrasa citó un alarmante aumento del 20.2% en las infracciones asociadas con la cibercriminalidad en Aragón desde el pasado año, lo que revela un fenómeno que debe ser atendido con urgencia.

El representante socialista destacó que las pérdidas causadas por estafas vinculadas a falsos esquemas de inversión en criptomonedas pueden superar los 40,000 euros. Afirmó que estos delincuentes llegan a suplantar identidades reales, haciendo que la recuperación de los fondos sea prácticamente imposible, ya que las entidades fraudulentas suelen desaparecer rápidamente.

Desde el Partido Popular, Ana Marín hizo hincapié en que el Gobierno de Aragón ya se encuentra trabajando en iniciativas de concienciación y solicitó que estas se amplíen. Intentó incluir en la propuesta un enfoque más amplio que abarque no solo criptomonedas, sino cualquier tipo de fraude que se pueda presentar a través de las redes sociales, aunque su enmienda fue rechazada.

Por parte de Vox, David Arranz atribuyó la proliferación de estas estafas a la búsqueda de riqueza rápida y sin esfuerzo, unida a la falta de conocimientos respecto a productos tan complejos como las criptomonedas y otros activos digitales. Arranz abogó por establecer un mayor esfuerzo en la educación acerca de los riesgos que implican estas prácticas y en cómo detectar fraudes en línea.

José Luis Soro, representante de CHA, dejó claro que la propuesta no busca atacar a las criptomonedas, sino proteger a los potenciales afectados por las actividades delictivas. Soro abogó por el impulso de campañas de educación digital que faciliten el acceso a canales de denuncia y apoyo para las víctimas.

Finalmente, la diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, subrayó que los jóvenes son el grupo demográfico más vulnerables a este tipo de estafas, tanto las de pequeña escala como las piramidales. También hizo un llamado para que esta estrategia se lleve a cabo en colaboración con otras comunidades autónomas y países europeos.