El Gobierno autónomo de Aragón ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en relación con el Real Decreto 347/2025, que establece una serie de ayudas para mitigar los efectos de la sequía de 2024 en los cultivos de frutos de cáscara. Lo que ha generado indignación es la exclusión de la provincia de Teruel, a pesar de que cumple con los requisitos que dicho decreto señala.

Esta acción se produjo tras la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas, quien no ha atendido la solicitud formal planteada por el Gobierno de Aragón el 9 de mayo, una omisión que ha dejado pasar el mes legalmente establecido para recibir una contestación.

El Ejecutivo aragonés ha reiterado que, de acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta Anual de Superficies y rendimientos de cultivos, la provincia de Teruel sufrió en 2024 una disminución de más del 30% en la producción de almendras, cifra que en teoría la haría apta para recibir esas ayudas, que sí beneficiarán a otras seis provincias del país.

El consejero Javier Rincón expresó su profundo descontento al afirmar que esta situación supone un agravio que no se puede aceptar, perjudicando a los agricultores de Teruel que han experimentado los mismos problemas derivados de la sequía que sus colegas en otras regiones de España.

“No estamos dispuestos a que Aragón, y en particular Teruel, sea objeto de una discriminación sin justificación técnica ni económica. Ante la falta de respuesta del Ministerio, la única opción que nos queda es acudir al Tribunal Supremo para asegurar que los agricultores de Teruel reciban un trato justo”, añadió Rincón.

El recurso estará respaldado por informes técnicos del propio departamento que evidencian que las pérdidas sufridas y el impacto sobre los cultivos de secano en Teruel cumplen con los umbrales necesarios para activar las mencionadas ayudas, según lo estipulado por el propio Ministerio.

Rincón también expresó su preocupación por el potencial retraso que podría generar este proceso en la obtención de “ayudas que son justas para los agricultores de Teruel”. Las estimaciones de su departamento indican que el importe de ayudas que el Ministerio ha decidido no conceder a los agricultores de esta provincia asciende a 2 millones de euros, equivalente al 10% del total que se distribuirá entre otras provincias españolas.