El Gobierno de Aragón ha hecho pública su postura ante el Ministerio de Hacienda, al presentar oficialmente sus alegaciones a la consulta relacionada con el anteproyecto de Ley Orgánica que busca establecer medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas.

Las autoridades aragonesas han calificado la propuesta del Estado para condonar la deuda como “arbitraria y discriminatoria”, argumentando que esta medida no aborda los problemas estructurales inherentes al sistema de financiación autonómica actual.

Desde el Departamento de Hacienda se ha manifestado una fuerte crítica por la falta de tiempo para analizar adecuadamente la propuesta. La información clave fue enviada a las comunidades solo 48 horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que limitó la posibilidad de presentar alternativas. Según afirman, se impuso un enfoque cerrado sin una verdadera participación de las regiones afectadas.

Aragón sostiene que la metodología empleada para el reparto de recursos está repleta de incoherencias, señalando que los criterios que se utilizan no justifican adecuadamente la medida, que debería enfocarse en aliviar el sobreendeudamiento producido en el período crítico de 2010 a 2013. Se acusa que estos criterios favorecen principalmente a ciertas comunidades en detrimento de Aragón, que se siente perjudicada en este proceso.

En palabras de la Consejería de Hacienda, el monto asignado a Aragón, que asciende a 2.124 millones de euros, no refleja adecuadamente el nivel de endeudamiento que la comunidad enfrentó durante los momentos más difíciles de la crisis. Aseguran que, si se aplicaran criterios objetivos y coherentes, como el endeudamiento real o la población ajustar, Aragón debería recibir aproximadamente 485 millones de euros adicionales.

Además, se ha enfatizado que la propuesta de condonación no representa una solución sostenible ni mejora de forma estructural las finanzas de las comunidades, ya que ofrecen solo un alivio temporal que no garantiza un regreso a los mercados en condiciones estables, tal como advierten agencias de calificación financiera como Standard & Poor’s.

Durante su comparecencia, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, indicó que la verdadera solución radica en una reforma profunda del Sistema de Financiación Autonómica, que se encuentra estancada desde hace años. El Estado, según él, debe aumentar la financiación destinada a la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.

El Departamento de Hacienda ha reiterado que la condonación de deuda, si se realiza sin una reforma estructural, no abordará los problemas de fondo, sino que perpetuará las desigualdades entre las comunidades autónomas y afectará negativamente la equidad del modelo financiero existente.

Como propuesta alternativa, Aragón sugiere no solo una reforma del sistema de financiación, sino también una reestructuración a largo plazo de la deuda, abogando por la ampliación de plazos o la reducción de tipos de interés para generar una mejora sostenible en la carga financiera.

Finalmente, el Gobierno aragonés ha exigido un tratamiento justo y equitativo en las relaciones entre administraciones públicas, reafirmando la necesidad de transparencia y coherencia en la distribución de recursos.