La ejecución de los fondos Next Generation aumenta en un 22% en comparación con 2021, aunque sigue siendo baja, y hay casi 500 millones sin ejecutar.

En Zaragoza, la Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado su Informe de Fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma aragonesa de 2022. Según el informe, los desequilibrios persisten, pero se reduce el endeudamiento por primera vez en veinte años.

El informe incluye la auditoría de las cuentas anuales y la fiscalización del cumplimiento de la legalidad en la gestión presupuestaria, personal, endeudamiento y morosidad, así como un análisis específico de la temporalidad en el empleo público.

En 2022, la comunidad autónoma gasta 7.379 millones de euros e ingresa 7.137 millones. Los gastos de personal representan 2.551 millones, las transferencias corrientes 1.768 millones, los bienes y servicios 1.045 millones y los pasivos financieros 1.229 millones de euros.

En cuanto a los gastos por políticas, la asistencia sanitaria encabeza la lista con 2.300 millones de euros, seguida de la educación no universitaria con 965 millones, la PAC con 473 millones y los servicios sociales con 380 millones de euros. El segundo programa con mayor gasto se destina a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el 55% (3.927 millones) proviene del Sistema de Financiación Autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 millones de recaudación por tributos propios y cedidos, y 429 millones de transferencias comunitarias para la PAC. Además, Aragón recibe 289 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR) y 52 millones del instrumento REACT-UE en 2022.

En este ejercicio, se reduce el endeudamiento en 103 millones de euros en comparación con 2021, situándose en 8.957 millones al finalizar el cuarto trimestre, según los datos del Banco de España. También se reducen los intereses en 15 millones de euros al reestructurar la deuda.

El informe destaca que el remanente de tesorería es negativo por 1.016 millones de euros, principalmente debido a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada proveniente de los fondos europeos Next Generation.

El resultado presupuestario es negativo por 418 millones de euros, lo que indica que los ingresos presupuestarios del ejercicio no son suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2022.

Además, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto aumenta en 64 millones hasta alcanzar los 205 millones, de los cuales 112 millones se deben a la falta de presupuesto. El 76% de este total corresponde a obligaciones generadas por el SALUD.

El informe señala que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera y los resultados económico-presupuestarios de la comunidad autónoma. Sin embargo, también destaca varios incumplimientos de la normativa en la gestión económica, como el periodo medio de pago a proveedores que supera los 30 días legales todos los meses de 2022 y rebasa el límite de 60 días en tres ocasiones. El informe también destaca que en 2022 el Gobierno de Aragón convalida gastos por 42 millones de euros, el 94% de los cuales se realizaron sin contrato.

La auditoría señala otros incumplimientos en el pago de retribuciones en el SALUD por prolongación y exceso de jornada sin mecanismos de control horario, así como el pago del complemento de atención continuada por encima del límite previsto por la norma para la jornada complementaria.

El grado de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es del 22,3%, frente al 6% del año anterior. Aunque las cantidades pendientes de gastar aumentan en 151 millones, sumando un total de 492 millones pendientes de ejecución al cierre de 2022.

El informe advierte que este bajo nivel de ejecución supone una mayor carga de gestión en el futuro, ya que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para la ejecución total del programa. Sin embargo, destaca un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, alcanzando el 88% por un importe de 248 millones de euros, frente a los 149 millones de 2021.

La comunidad autónoma cuenta con 60.665 empleados públicos, con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentra en el SALUD, mientras que el resto se divide entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el personal de servicios generales en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos (25,9%).

En 2022 se convocan 12.731 plazas en administración general, sanidad y educación. Sin embargo, para reducir la temporalidad al 8%, es necesario que se prevean 6.343 plazas para la estabilización de personal, ya que actualmente hay 28.929 empleados temporales.

En cuanto a la reposición de efectivos, entre 2018 y 2022 se convocan 6.388 plazas, pero hasta el 31 de diciembre de 2022 solo se habían adjudicado 1.992, que representan el 31%. Las tasas de temporalidad siguen aumentando lentamente, pasando del 47% al 49,5%.

El informe destaca que los plazos para desarrollar estos procesos incumplen de manera sistemática el plazo máximo de tres años fijado en la normativa, situándose en un promedio de 4,2 años. En el ámbito de Educación y Sanidad, se incumplen los plazos intermedios, pero los procesos suelen cerrarse antes de los tres años o justo en el límite.

Además, se incluyen 2.630 plazas en las ofertas extraordinarias de estabilización de empleo temporal, sin que se haya comprobado si todas son de naturaleza estructural según lo establecido por la ley de estabilización.

El informe de la Cámara de Cuentas presenta seis recomendaciones, como dotar suficientemente el presupuesto de los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios para evitar modificaciones presupuestarias relevantes, tomar medidas para garantizar que el SALUD pague en el plazo de 30 días a sus proveedores y convocar todas las plazas necesarias para cubrir las bajas y reducir la temporalidad del empleo público.

El informe también destaca mejoras en los plazos y en la calidad de la rendición de cuentas, así como la corrección de la amortización acumulada de bienes recibidos de otras administraciones por un valor de 434 millones.

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