En una reciente sesión plenaria de la Diputación de Zaragoza, celebrada el pasado miércoles, se aprobó una moción impulsada de manera conjunta por los grupos PSOE, En Común-IU y CHA. Esta iniciativa tiene como objetivo primordial cubrir todas las vacantes en la sanidad pública de la provincia, enfocándose especialmente en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Además, busca implementar un plan de choque para reducir las listas de espera en el sistema sanitario y proponer incentivos que favorezcan la permanencia de médicos en el medio rural. Por su parte, el PP decidió abstenerse de votar, mientras que Vox se opuso a la moción al rechazar la idea de deshacer las externalizaciones hacia el sector privado.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, calificó de "necesaria" y "urgente" esta propuesta, argumentando que garantizar el acceso equitativo a la atención médica es un derecho reconocido constitucionalmente. A su juicio, este derecho no se está cumpliendo adecuadamente en la provincia, especialmente en lo que respecta a la Atención Primaria y al hospital de Calatayud.

Compés detalló que Aragón presenta una alarmante necesidad de más de 250 médicos de familia, así como de 1.500 enfermeros para alcanzar la media de la Unión Europea. También destacó que se requieren más de mil empleados sanitarios para poder implementar la jornada laboral de 35 horas sin afectar la calidad del servicio, mientras que existen más de 300 comisiones de servicio que aún no han sido resueltas.

La situación actual en estos centros es, según Compés, "insostenible". Las listas de espera en el Hospital Ernest Lluch, en particular, están causando frustración entre los pacientes que requieren atención médica.

Nerea Marín, diputada de En Común-IU, expresó su preocupación por el deterioro de la sanidad pública, atribuyendo esta problemática a una estrategia del PP que busca promover la colaboración público-privada. Marín se refirió a la presencia de empresas como Quirón y Ribera Salud, las cuales, según ella, han recibido un trato preferente, mientras que servicios de hospitales en Barbastro, Huesca, Teruel y Calatayud han sido externalizados.

José Manuel Latorre, representante de CHA, también se mostró alarmado ante la situación de falta de especialistas en el Hospital Ernest Lluch, poniendo de manifiesto la creciente incertidumbre en cuanto a los tiempos de espera, lo que puede poner en peligro tanto intervenciones urgentes como diagnósticos oportunos de enfermedades graves. Hizo hincapié en la necesidad de un plan estratégico a medio y largo plazo para revitalizar la sanidad en áreas rurales.

En el turno de la oposición, José Manuel Gimeno, del PP, indicó que, salvo por el punto relacionado con las externalizaciones, la mayoría de los aspectos de la moción podrían ser aceptables. Sin embargo, intentó sin éxito eliminar el punto que cuestiona dichas externalizaciones, sugiriendo que la verdadera intención de los grupos proponentes es criticar al Gobierno del PP sin ofrecer soluciones viables.

Gimeno además criticó la gestión del expresidente Javier Lambán, señalando que dejó la sanidad rural en condiciones críticas tras ocho años sin inversión. A su juicio, el problema de la falta de profesionales en el sector sanitario es un fenómeno que se observa a nivel nacional, y propuso que el gobierno provincial inste al Gobierno de España a aumentar las plazas de Médico Interno Residente (MIR) en Aragón y a cumplir sus promesas de homologación de títulos para médicos extracomunitarios.

Sobre las externalizaciones, tomó la palabra el diputado de Vox, Carlos Rodrigo, quien manifestó que comparte la preocupación por la sanidad en Aragón, pero que no puede respaldar la eliminación de estas prácticas. Rodrigo defendió la colaboración público-privada como un enfoque necesario para evitar que los quirófanos permanezcan inactivos, tanto en la sanidad pública como en la privada.