La Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Urbana de Lleida, ha llevado a cabo una operación significativa que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal acusada de estar involucrada en el robo y tráfico de materiales agrícolas y ganaderos en las comunidades autónomas de Aragón y Catalunya.

Según un comunicado emitido el pasado viernes, las autoridades han esclarecido un total de 48 delitos a lo largo de la investigación, la cual ha culminado con la detención de 22 individuos y la investigación de 26 más. Durante el operativo, se ha confiscado material sustraído valorado en aproximadamente 500.000 euros, lo que refleja la magnitud del delito cometido.

La operación fue desencadenada tras la identificación de varios robos en zonas rurales de Fraga, en Huesca, así como en infraestructuras relacionadas con el canal de Aragón y Catalunya. Los agentes involucrados en la investigación empezaron a recopilar evidencias que indicaban la existencia de una estructura criminal organizada que operaba en múltiples provincias. Este grupo se especializaba en la sustracción de cobre, maquinaria, herramientas y otros componentes esenciales para el sector agrícola y ganadero.

Asimismo, se ha determinado que la organización no solo robaba, sino que también recibía materiales procedentes de hurtos y los comercializaba a través de chatarrerías, e incluso los exportaba en contenedores marítimos hacia el extranjero. Para llevar a cabo estas actividades delictivas, se valían de más de 70 identidades usurpadas, permitiéndoles blanquear el material robado bajo la apariencia de legalidad dentro de las actividades de gestión de residuos en Lleida y Barcelona.

El desenlace de la investigación ha llevado a la detención de 22 personas y a la investigación de otras 26, así como a la incautación de un contenedor marítimo que estaba cargado con material robado y que se dirigía a un puerto. Además, se ha conseguido recuperar parte de los bienes sustraídos, sumando un valor que asciende a los 500.000 euros, y se han realizado inspecciones en 4 centros de residuos, junto con múltiples entradas y registros tanto en trasteros como en la vivienda del líder de la organización, quien ha sido puesto en prisión provisional tras su detención.

Los miembros de esta organización criminal enfrentan serias acusaciones que incluyen robo con fuerza, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal, lo que pone de manifiesto la gravedad de sus acciones y el daño que han causado a la comunidad.