ZARAGOZA, 24 Abr. - Este jueves, el Pleno de las Cortes de Aragón ha tomado una decisión importante al votar unánimemente a favor de establecer una Comisión especial de estudio. Su objetivo será analizar detenidamente los planes relacionados con los centros de datos que ha propuesto el Gobierno aragonés. Aspectos como la generación de empleo, el uso de recursos hídricos y energéticos, así como el efecto que estos proyectos tendrán en el entorno local, serán puntos clave de este análisis. La iniciativa ha surgido de una fusión de propuestas presentadas por los grupos de Vox e Izquierda Unida (IU).

El diputado Juan Vidal, de Vox, ha destacado la necesidad de "evaluar minuciosamente" las repercusiones de estos centros. Subrayó la importancia de planificar de manera efectiva para minimizar los riesgos asociados, enfatizando que es esencial "un crecimiento ordenado" que garantice la disponibilidad de recursos públicos en el momento en que estas empresas comiencen a operar.

Vidal considera que la instalación de centros de datos representa “una oportunidad histórica” para Aragón, señalando que con el proyecto de Amazon Web Services se podrían generar hasta 6.800 empleos directos e indirectos. Sin embargo, hizo hincapié en que no es suficiente con declaraciones llamativas: es imperativo que estas inversiones se materialicen, lo que depende de asegurar el acceso a terrenos, agua, energía, y viviendas adecuadas para los trabajadores. También expresó su preocupación por evitar errores del pasado, como el caso del embalse de Almudévar, que carecía de conexión a la red eléctrica.

El diputado de Vox advirtió sobre la necesidad de prever la llegada de miles de trabajadores y minimizar el impacto ambiental, de manera que no se repitan los problemas que surgieron durante la promoción de las energías renovables bajo el mandato anterior. Él señala que la demanda de agua y energía puede exceder lo que la región puede ofrecer.

“Se requiere un desarrollo equilibrado” que no afecte a otros sectores productivos, como el industrial, prosiguió Vidal, cuestionándose cuánto perjudicará el consumo de agua de los centros de datos a los regantes del Ebro. También instó a implementar programas formativos especializados para los jóvenes, con el fin de frenar la fuga de talentos.

Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, también ha hecho un llamado para crear la mencionada Comisión especial, sugiriendo que Aragón podría convertirse en el "epicentro" para multinacionales que buscan un entorno fiscal favorable y acceso a recursos hídricos. Sanz subrayó la importancia de distinguir entre los distintos modelos de proyectos que se están presentando y expresó su preocupación por el impacto a largo plazo en el territorio, dada la reciente declaración de interés general de varios proyectos en localidades como Zaragoza y Cariñena.

El diputado de IU alertó sobre las altas demandas de agua y energía que tendrán los centros de datos, señalando que de los 23 proyectos anunciados, solo siete tienen garantizada la conexión a la red eléctrica. Cuestionó cómo se manejarán los periodos de sequía y criticó la política de "puertas abiertas" hacia estos proyectos, instando a considerar las implicaciones fiscales y el impacto real sobre el empleo.

María Navarro, del Partido Popular, expresó que la Comisión de estudio es vital para que se reconozca que las inversiones de más de 37.000 millones de euros representan “una oportunidad sin precedentes” en la comunidad. Agregó que Aragón se está posicionando como un “polo tecnológico” y enfatizó que estos centros son cruciales para servicios esenciales que todos utilizamos, desde la sanidad hasta la educación.

Navarro resaltó que la región puede ofrecer "energía limpia y asequible", y que los promotores de estos centros están comprometidos con un modelo de producción con “costo ecológico cero”. Señaló que si se implantan de manera adecuada, no dependeremos de otras regiones para acceder a estos servicios.

Leticia Soria, del PSOE, defendió el impulso que el anterior gobierno dio a estos centros, afirmando que ha puesto a Aragón en la vanguardia de la economía digital. Soria destacó que el impacto en el territorio ya es evidente y está generando un efecto cascada que ha facilitado la llegada de nuevos proyectos y la necesidad de legislar conforme a este nuevo modelo productivo.

José Luis Soro, de CHA, instó a abordar los nuevos proyectos empresariales de manera reflexiva, buscando asegurar suficiente retorno y un desarrollo local sostenible. Soro sugirió que la Comisión debe "desmitificar” expectativas poco realistas y evaluar cuidadosamente el verdadero impacto de estos proyectos sobre las emisiones de CO2, el consumo de agua y la presión sobre las redes eléctricas.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, consideró que los anuncios del Gobierno son "exagerados" y urgió a recibir información clara sobre empleo y necesidades de recursos. Guitarte expresó que los centros de datos podrían ser una buena oportunidad, pero no a costa del sacrificio de la región, pidiendo cautela antes de avanzar hacia su implementación.

Andoni Corrales, de Podemos, recordó que ya habían solicitado un informe sobre estos centros al Consejo Económico y Social de Aragón, criticando la falta de información rigurosa y concreta del gobierno. Afirmó que no se deben repetir los errores del pasado, refiriéndose a una actitud complaciente hacia estos nuevos proyectos.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, concluyó que estos centros transformarán la sociedad y resaltó la importancia de establecer la Comisión de estudio para asegurar una evaluación rigurosa y evitar que se convierta en una fuente de división entre la población.