En Zaragoza, el 25 de junio, la portavoz de Sanidad del grupo CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha expresado su oposición a un nuevo decreto que limita el horario de atención en los centros de salud de las ciudades de Zaragoza y Huesca. Lasobras demandó al gobierno regional que se inicie un diálogo constructivo que involucre a sindicatos, profesionales de la salud y entidades vecinales, con el fin de establecer estrategias que realmente fortalezcan la Atención Primaria sin perjudicar a la población.

Durante una conferencia de prensa, la diputada argumentó que la implementación de este decreto "compromete gravemente la calidad del servicio médico", aduciendo que menos horas de consulta resultan en una mayor congestión de casos, lo que dificulta la atención a pacientes con enfermedades crónicas y a personas mayores. Además, subrayó que esta medida debilita la infraestructura del sistema público de salud.

Lasobras también hizo hincapié en la necesidad de asegurar la participación de la ciudadanía en decisiones que afectan su salud y bienestar. Subrayó que hay un amplio rechazo por parte de diversos sectores sociales y sanitarios al decreto que regula cómo funcionarán los equipos de Atención Primaria en la comunidad autónoma. Este decreto llega como continuación de la retirada de una medida anterior por parte del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien había prometido abrir canales de diálogo para llegar a un consenso.

La diputada de CHA denunció que el nuevo decreto se presenta como una imposición sin haber consultado a los interesados, lo que considera un desprecio hacia las instituciones, la población y los profesionales del sector salud. En sus declaraciones, Lasobras insistió en que los sanitarios y la sociedad deberían haber sido informados y tenidos en cuenta, ya que ellos son quienes viven las consecuencias de estas decisiones en su día a día.

En otro punto de su crítica, Isabel Lasobras arremetió contra la dirección sanitaria que está llevando a cabo Bancalero con el apoyo del Partido Popular, afirmando que esto representa un movimiento alarmante hacia la privatización y el abandono del sistema público. Citando cifras, denunció el cierre de casi 700 camas en hospitales al inicio del verano, una cifra que consideró inaceptable.

Asimismo, cuestionó la externalización de especialidades médicas en localidades como Teruel, Alcañiz, Barbastro y Calatayud, insinuando que esta acción solo refuerza la precarización del sistema en lugar de fortalecer los servicios públicos. Encontró irónico que, según su visión, el PP solo parezca capaz de contratar médicos especialistas a través de la sanidad privada.

Lasobras también mencionó el caso del Hospital de Barbastro, donde se ha eliminado una plaza de enfermería en la UCI, lo cual podría tener "consecuencias muy serias" en caso de una emergencia, y destacó la falta de atención de urgencias en el servicio de Urología durante los fines de semana. En cuanto al Hospital Obispo Polanco de Teruel, denunciaron que la externalización de Ginecología vulnera los derechos de las mujeres, mostrando su descontento por lo que consideran un desprecio hacia la igualdad y la salud reproductiva, provocando que muchas embarazadas busquen amparo legal.

En la ciudad de Calatayud, Lasobras destacó que existen más de 60 vacantes, de las cuales 16 corresponden a médicos especialistas, lo que agrava aún más la situación de atención sanitaria en la región. Observó que la falta de neumólogos obliga a los pacientes a realizar largos desplazamientos a Zaragoza para recibir atención de especialidad.

Todas estas circunstancias llevaron a Lasobras a afirmar que Aragón está evolucionando hacia un modelo sanitario que aparenta ser público pero que en realidad es privado en su esencia. Esta crítica la dirigió tanto al presidente Azcón como a Bancalero, acusándolos de crear un sistema donde la salud pública financia, pero empresas privadas como Ribera Salud son las que efectivamente gestionan los recursos y obtienen beneficios.

Finalmente, Lasobras expresó su preocupación de que los ciudadanos estén pagando doblemente: a través de sus impuestos y sufriendo una deterioración en la calidad de la atención médica. Para concluir, cuestionó cuántos recursos están siendo desviados en la privatización de servicios médicos, sugiriendo que esto ha llevado a que los ciudadanos enfrenten listas de espera interminables, donde muchos deben esperar meses, e incluso años, para acceder a pruebas médicas o intervenciones quirúrgicas.