Crónica Aragón.

Crónica Aragón.

CEMSATSE demanda medidas drásticas del Gobierno de Aragón para combatir las agresiones a los profesionales de la salud.

CEMSATSE demanda medidas drásticas del Gobierno de Aragón para combatir las agresiones a los profesionales de la salud.

ZARAGOZA, 22 Noviembre-

Representantes de los sindicatos sanitarios de Aragón, CesmAragón y FASAMET para el personal médico, y SATSE para enfermería, agrupados como CEMSATSE y siendo la principal fuerza en el sector sanitario, han exigido al Gobierno de Aragón que tome medidas contundentes contra las agresiones sanitarias.

Estas demandas fueron presentadas durante una concentración de protesta llevada a cabo a las 12.00 horas frente al Centro de Salud del barrio zaragozano de Casetas después de un nuevo caso de agresión al personal ocurrido el pasado domingo.

Con esta acción, los profesionales demandan al Gobierno de Aragón que se coloque un guardia de seguridad las 24 horas en el centro, y también han advertido que las agresiones sanitarias son una "lacra" que sigue creciendo en la comunidad autónoma y podrían alcanzar cifras récord en 2023.

CEMSATSE ha solicitado al Gobierno de Aragón que se tomen medidas urgentes contra las agresiones sanitarias en la comunidad, ya que los casos que se hacen públicos "son solo la muestra de un problema continuo y evidencian que el Servicio Aragonés de Salud no cumple adecuadamente con su deber legal de proteger a sus trabajadores".

En 2020 se registraron 236 agresiones, cantidad que aumentó a 335 en 2021 y llegó a 484 en 2022. Los datos del primer trimestre de 2023 revelan 155 casos, lo que indica que este año podría terminar con una cifra récord de más de 600 agresiones.

Los profesionales han recordado que en marzo de 2019 se presentaron cinco acciones urgentes, las cuales han sido reiteradas en distintas ocasiones, pero no se han llegado a implementar.

Estas acciones incluyen la colocación de un vigilante de seguridad en todos los centros de manera ininterrumpida las 24 horas, la instalación de cámaras de videovigilancia, la implementación de un "botón de pánico" en los puestos de trabajo, la utilización de una "pulsera de geolocalización" para los profesionales fuera del centro, y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.